La parroquia de San Miguel, en Masaya, todavía está rodeada de soldados que prohíben que cualquier persona se acerque a las madres de los presos políticos que la ocuparon, para exigir la liberación de sus hijos . Incluso la parroquia de Caterina, a unos 40 km al sur de Managua, que anoche había organizado una procesión religiosa para rezar por la comunidad de Masaya, fue rodeada por los militares para disuadir a las personas de continuar orando. Todo esto está documentado por videos de los fieles que participan en la ceremonia religiosa.
Incluso el episodio del ataque contra el sacerdote Rodolfo López, vicario de la Catedral de Managua, el 18 de noviembre, se hizo viral en Twitter y otras redes sociales. En este caso se expresaron las diferentes diócesis del país, denunciando la indiferencia de las autoridades ante la brutal agresión física del sacerdote por parte de "turbas orteguistas", que luego de haber ingresado a la Catedral por la fuerza destruyeron muchas cosas, atacando también a una religiosa.
El Consejo Superior de la Empresa Privada , un organismo importante en el comercio y la economía de Nicaragua, denunció en un comunicado enviado a Fides la detención de personas que habían acudido para expresar su solidaridad con las madres encerradas en la iglesia de Masaya, acusadas de terrorismo solo por haber llevado agua potable al grupo . "Condenamos la detención arbitraria y las acusaciones infundadas contra jóvenes que asistieron humanitariamente a las madres de presos políticos. Nicaragua merece que se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos. ¡Exigimos la liberación de todos los presos políticos!", se lee el mensaje del COSEP.
Ayer por la tarde, se presentó el informe de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos sobre la situación en Nicaragua. El primer punto indica que hay violaciones de los derechos humanos y una alteración del orden democrático. Por esto, la OEA iniciará contactos diplomáticos con el gobierno nicaragüense para encontrar una solución pacífica a la crisis política y social, con el compromiso de hacer un balance de esta acción en 75 días.
A pesar de que los miembros de la primera Comisión de la OEA no pudieron ingresar a Nicaragua, pudieron escuchar varios testimonios sobre la situación en el país. El informe de 13 páginas, enviado a Fides, indica que se han escuchado representantes de varias instituciones para la protección de los ciudadanos, incluidos los miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. El informe concluye con una lista de derechos violados por los mecanismos de control del gobierno actual, que impide la vida democrática en el país. Por lo tanto, se necesitan urgentemente reformas para llevar a cabo elecciones transparentes. "La violación grave y continua de los derechos humanos, así como el abuso de poder por parte del gobierno nicaragüense, viola su Constitución de 1987, que da como resultado una alteración del orden constitucional, que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se describe en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana "concluye el informe de la OEA.
Publicar un comentario