En primer lugar se reitera el compromiso a trabajar a través de la mesa de diálogo, apoyando “los esfuerzos para prevenir y superar conflictos a través del diálogo, particularmente en las áreas del país más afectadas por la violencia”. Se pretente también proporcionar asistencia técnica al Tribunal Supremo Electoral y a los Tribunales Electorales Departamentales, para que “el proceso electoral cumpla con los más altos estándares nacionales e internacionales”.
Otro punto del acuerdo prevé “establecer una presencia en los departamentos para propiciar el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas, en condiciones de igualdad y sin intimidación, durante la campaña electoral, las elecciones y el período post electoral” y de “prestar especial atención a la participación plena, libre y segura de las mujeres y pueblos indígenas en el proceso electoral”. Después de los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar el 20 de octubre , es necesario alcanzar la verdad y la justicia, trabajar para que no se repitanla, garantizando “investigaciones transparentes, imparciales y efectivas y que los responsables sean sancionados de acuerdo con la ley y las normas internacionales”.
Para brindar mayor certeza al proceso de diálogo,es necesaria “la implementación de los acuerdos logrados en la Mesa de Diálogo”. Además se ha decidido incrementar las actividades del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, en particular hacia las poblaciones más vulnerables. El último punto del acuerdo se refiere a la comunidad internacional, a la que se le pide que garantice su apoyo “para una salida pacífica de la crisis y la celebración de un proceso electoral transparente, creíble e inclusivo”.
El domingo 24 de noviembre, la Presidente interina de Bolivia, Jeanine Añez, promulgó la “Ley de Régimen excepcional y transitorio para la realización de Elecciones Generales”, aprobada por el Parlamento, que prevé la realización de elecciones generales para el 2020. Las elecciones se celebrarán dentro de un período máximo de 120 días, una vez que se haya aprobado el calendario electoral. Según los acuerdos entre las fuerzas políticas en el poder y la oposición, la nueva ley establece que Evo Morales y su diputado Álvaro García Linera no podrán participar en las elecciones de 2020; los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral serán elegidos por 6 años; los partidos políticos presentarán nuevas alianzas y candidatos
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