“Restaurar el respeto por los derechos humanos es algo que va a favor de nuestro interés nacional. Se ha abusado de la religión para encubrir crímenes atroces, incluida la trata de seres humanos o la práctica de conversiones forzadas y matrimonios con niñas menores de edad”, declara a la Agencia Fides el obispo protestante Alexander John Malik, emérito de la diócesis de Lahore, de la Iglesia Anglicana de Pakistán, comentando el tema de las conversiones forzadas que está sacudiendo a la nación. “Hoy - señala - el respeto por el estado de derecho, la protección de los ciudadanos, las reformas legislativas son cosas cruciales para el Estado. Creo que deben crearse órganos especiales dedicados a la protección de los derechos humanos, en particular una Comisión de los derechos de las minorías, con estatuto y autonomía propios”.
Hina Jillani, mujer musulmana, reconocida activista de derechos humanos y ex representante especial del Secretario General de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señala a la Agencia Fides: “La creciente intolerancia religiosa en Pakistán está reduciendo el espacio para diversas libertades y está dañando el mismo tejido de nuestra sociedad, socavando la democracia y poniendo en grave peligro la vida de las comunidades de minorías religiosas ya marginadas”. Jillani añade: “Para frenar la deriva de la violencia y la opresión, el gobierno de Pakistán tendrá que asumir sus responsabilidades con respecto a la protección de los derechos de las minorías y de todos los ciudadanos más vulnerables”.
El juez Retd Mehta Kailash Kohli también observa: “Las conversiones religiosas forzadas son violaciones graves de los derechos humanos: violan la libertad religiosa y la libertad de conciencia consagradas en la constitución de Pakistán. Hoy en día se necesitan urgentemente medidas legales apropiadas para detener esta deriva: en particular, la edad mínima para contraer matrimonio debería elevarse a 18 años, modificando la ley actual sobre matrimonio infantil, en todas las provincias de Pakistán”.
Está de acuerdo Pushpa Kumari, un miembro hindú de la Comisión de Derechos Humanos creada en la provincia de Sindh, quién declara: “Las minorías religiosas a menudo son marginadas y segregadas debido a su bajo estatus socioeconómico y bajo nivel de alfabetización. En esta situación, los familiares de las víctimas de conversiones forzadas encuentran más problemas para obtener justicia en todos los casos de abuso y discriminación que sufren”.
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