Caracas – La Conferencia Episcopal Venezolana ha pedido a las autoridades del país y a las de Trinidad y Tobago que respeten "plenamente y sin discriminación de ningún tipo todos los derechos humanos" de los migrantes, luego del naufragio en el que murieron 20 personas mientras se dirigían a la república insular. Tanto Venezuela como Trinidad y Tobago "están obligados a respetar plenamente y sin discriminación de ningún tipo todos los derechos humanos de los migrantes", reza el documento de los obispos enviado a Fides.
El lunes 14 de diciembre, la Fiscalía venezolana informó que las muertes en el naufragio son 20 y aseguró que está investigando el hecho para impugnar cualquier delito de trata de seres humanos, aunque la oposición sostenga que son emigrantes.
A través de un mensaje en Twitter, el fiscal Tarek William Saab informó sobre la cifra de muertos y la detención del venezolano Luis Alí Martínez, quien "presuntamente era dueño" del barco que se hundió.
A través de su cuenta de Twitter, el 14 de diciembre, el Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, Cardenal Baltazar Porras, lamentando las muertes de niños y adultos en el naufragio frente a las costas del estado Sucre durante el fin de semana, reiteró que "Esta tragedia nos involucra a todos" y añadió: "Ruego al Señor por las almas de los náufragos de Güiria". El Cardenal pidió también reflexionar sobre el trágico acontecimiento, para que no se repita: "Debe llamarnos a reflexionar a la acción, para que eventos de esta naturaleza no se repitan ".
El naufragio en Güiria ocurrió tres semanas después de que un grupo de migrantes venezolanos, entre ellos 16 niños, fueran deportados desde Trinidad y Tobago y estuvieron desaparecidos en el mar por alrededor de 48 horas, hasta que regresaron al país caribeño, donde aún permanecen. detenidos mientras la justicia evalúa sus casos.
Desde ese episodio, que corría el riesgo de convertirse en un conflicto internacional, la CEV ha calificado de "inaceptables e inadmisibles las declaraciones de las autoridades" de Venezuela y Trinidad y Tobago, que están lejos de asumir su responsabilidad, de adoptar las medidas necesarias para evitar que se repitan estos episodios y reparar las violaciones a los derechos humanos de los migrantes.
En esta última declaración de los Obispos de Venezuela, los Pastores critican las "declaraciones de criminalización y descrédito de funcionarios internacionales sobre organismos de protección y organizaciones no gubernamentales que realizan actividades humanitarias con la población migrante venezolana, que es un grupo particularmente vulnerable en materia de sus derechos como seres humanos y su situación humanitaria ".
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