Nueva Delhi – “El 2020, marcado por la pandemia de Covid-19, ha sido un año particularmente malo para los derechos humanos en India: de manera sistemática y brutal, los derechos legítimos de las personas han sido reprimidos y negados. Las principales víctimas son los pobres y los marginados; los adivasis y dalits; mujeres y niños; trabajadores vulnerables. Además, los defensores de derechos humanos que han criticado al gobierno, invocando la defensa de la Constitución y la democracia, han sido destinatarios de disposiciones que saben de venganza”: así lo dice a la Agencia Fides el jesuita P. Cedrik Prakash, comprometido con la promoción de los derechos humanos y la integración social en la India. El padre Parakas insta a un compromiso total y absoluto del gobierno, de todas las fuerzas sociales y religiosas para la protección de los derechos humanos en la India.
El religioso recuerda, entre las iniciativas recientes que confirman la situación bastante crítica, que el 26 de noviembre más de 250 millones de personas en India se declararon en huelga para protestar contra las políticas del gobierno perjudiciales para los derechos de agricultores y trabajadores. “Los campesinos - apunta el jesuita - están en pie de guerra porque les niegan sus derechos. No quieren ser tratados con desprecio ni como 'un banco de votos' y piden la revocación de tres medidas aprobadas por el gobierno”.
Otra categoría débil y pisoteada es la de los migrantes y desplazados internos: “El pasado mes de marzo, cuando se anunció el primer cierre por la pandemia, vimos millones de migrantes quedarse varados sin comida, dinero ni refugio - continúa el padre Prakash - se niegan sus derechos: la clase trabajadora ha sufrido tremendamente durante la pandemia y muchos trabajadores, a merced de su empleador, han tenido que soportar grandes cargas laborales, pero con salarios reducidos”.
El jesuita luego menciona a los “adivasis”, o poblaciones tribales, “deslegitimados y maltratados ya que las áreas en las que han vivido durante siglos están destinadas a la industrialización, la minería, las llamadas obras de “desarrollo” y otros mega-proyectos. Más de dos millones de ellos y otros habitantes de los bosques siguen en riesgo de desplazamiento forzado”, señala.
La intervención del religioso habla también de la condición de sufrimiento de las minorías religiosas: “musulmanes y cristianos son receptores de venenosos discursos de odio, denigración constante e incluso agresión física”, afirma, aludiendo a otro derecho humano fundamental, la libertad religiosa.
Otro punto es el dedicado a los derechos ambientales que, como explica la encíclica Laudato si', están íntimamente ligados a los derechos de las personas: “El medio ambiente se destruye con el crecimiento de industrias contaminantes sin las necesarias salvaguardas ambientales a causa de insensibilidad y corrupción”, remarca.
El cuadro global es particularmente alarmante porque, como señala el P. Prakash “este gobierno no admite la disidencia y viola sistemáticamente las prerrogativas de los defensores de derechos humanos y las ONG, dañando una dimensión esencial de la democracia”, como ha sido señalado también por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El padre jesuita Stan Swamy y otros quince activistas siguen presos en virtud de la draconiana “Unlawful Activities Prevention Act” , según la cual son acusados de complicidad con grupos terroristas o subversivos.
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