Según los documentos de la Iglesia y el Gobierno Oficial , Arzoo tiene 13 años y es estudiante de sexto grado. Su secuestrador la obligó a casarse con él y convertirse al Islam. Los padres de Arzoo impugnaron la validez del matrimonio y apelaron ante el Tribunal Superior de Sindh Karachi por el regreso de su hija. El 27 de octubre de 2020, el secuestrador junto con sus partidarios presentaron una petición ante el Tribunal Superior. La orden judicial emitida por el Tribunal Superior de Sindh Karachi, en apoyo del secuestrador, declaró que Arzoo Raja aceptó el Islam y se casó voluntariamente con Ali Azhar. El tribunal también ordenó que no se realizaran arrestos en este caso.
La Comisión Nacional de Justicia y Paz condena enérgicamente este acto de injusticia. En una declaración conjunta enviada a la Agencia Fides, el arzobispo Joseph Arshad, presidente de la NCJP, y el rev. p. Emmanuel Yousaf , Director Nacional de la NCJP, afirman: “Desafortunadamente, la sociedad pakistaní se ha vuelto cada vez más intolerante y vivir como una minoría religiosa se está volviendo extremadamente difícil. El caso de Arzoo ha sdio señalado, pero hay muchos otros de estos episodios que no se denuncian. La familia de Arzoo ha presentado su certificado de nacimiento del gobierno que muestra que tiene 13 años y que el matrimonio con Azhar viola la Ley de Restricción del Matrimonio Infantil de Sindh”. La NCJP exige que el gobierno considere seriamente este incidente que ha enfurecido y conmocionó a toda la comunidad cristiana en Pakistán.
El arzobispo Joseph Arshad, obispo de Islamabad/Rawalpindi, presidente de la Conferencia Episcopal de Pakistán y presidente de la NCJP reitera que “las conversiones forzadas se enmascaran con demasiada facilidad y con demasiada frecuencia por conversiones voluntarias, lo que deja a las niñas menores de edad particularmente vulnerables”. Ha pedido al gobierno que se asegure de que se haga justicia en el caso de Arzoo y que cesen esos incidentes. “Es responsabilidad del Estado legislar para proteger a sus ciudadanos, especialmente a los menores”, ha afirmado.
El Hno. Emmanuel Yousaf , Director Nacional de NCJP, explica: “La desagradable realidad de las conversiones forzadas es que no se las considera un delito, y mucho menos un problema que debería preocupar a la mayoría en Pakistán. No podemos permitir que nos quiten a nuestras niñas y que las conviertan a la fuerza y se casen. Un proyecto de ley contra las conversiones forzadas se presentó en la Asamblea Provincial de Sindh en 2016, pero aún no ha sido aprobado. El gobierno debe trabajar para salvaguardar los derechos de las minorías religiosas en Pakistán consagrados en nuestra constitución”, concluye.
Publicar un comentario