Harare – “La situación en nuestro país suscita muchas preocupaciones, hay continuas violaciones de derechos y la pobreza extrema está afectando cada vez a más partes de la población, se estima que a finales del año 8 millones de mis conciudadanos sufrirá una emergencia alimentaria”. Kenneth Mtata, pastor luterano y secretario general del Consejo de Iglesias de Zimbabwe, está alarmado. Casi tres años después de la expulsión del poder de Robert Mugabe, al frente de Zimbabue por casi 38 años, y dos años después de las elecciones que deberían haber sancionado la transición definitiva de una larga dictadura a una democracia de bienestar y derechos, la ex Rhodesia está atravesando un período bastante difícil a nivel social. Kenneth Mtata afirma en una entrevista con Fides: “Las escuelas han reabierto pero los profesores están en huelga, protestan por los salarios demasiado bajos y piden que se les pague en dólares. Pero el gobierno no se lo puede permitir. También hay un problema grave en el ámbito de la salud: los médicos y enfermeras han estado en huelga durante 7 meses y la situación, también por el Covid, es muy crítica. La población está cansada de los altos niveles de corrupción y ha salido a las calles. Pero ha habido muchas detenciones por parte de la policía de manifestantes, periodistas que denuncian las irregularidades mientras seguimos preocupados por las personas secuestradas y desaparecidas porque no hay noticias de ellos”.
Las Iglesias cristianas, bajo la égida del Consejo de Iglesias de Zimbabwe, son muy activas en la acción pastoral y social y también desempeñan un papel de liderazgo en el frente político. El Pastor concluye: “Pedimos la promoción de un consenso nacional, un diálogo abierto que genere las condiciones para un progreso real, pero el gobierno no nos ha respondido hasta ahora. En agosto, la Conferencia de Obispos Católicos escribió una carta al ejecutivo, solicitando intervenciones sobre los muchos problemas que atraviesa Zimbabue: crisis económica, inflación a niveles dramáticos, pobreza, violación de derechos y corrupción. El gobierno respondió con bastante dureza. En todo caso, las Iglesias permanecen unidas en llamar a la responsabilidad al gobierno y en la reivindicación de políticas de unidad y consenso nacional”.
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