Roma - “Nuestra máxima aspiración es que la comunidad internacional lleve a cabo una investigación independiente e imparcial sobre las violaciones de derechos humanos en Filipinas. Pero por ahora no es así y esto es muy decepcionante. Una resolución reciente de la ONU indica que la comunidad internacional reconoce la crisis de derechos humanos y busca posibles mecanismos para definir las responsabilidades. Además, ofreciendo asistencia técnica para fortalecer los instrumentos nacionales, reconoce la debilidad del sistema y los mecanismos de justicia existentes en el país”. El sacerdote camiliano Aris Miranda, copresidente de la asociación “Promotion of Church People’s Response – Europe”, comenta así a la Agencia Fides la decisión de Naciones Unidas del pasado 7 de octubre que, por ahora, se limita a ofrecer “colaboración técnica” al Ministerio de Justicia de Filipinas para una investigación sobre lo ocurrido en Filipinas durante la llamada “guerra contra las drogas”, promovida y dirigida por el presidente Rodrigo Duterte.
La Iglesia siempre ha tenido una posición crítica con respecto a las elecciones de un ejecutivo que a menudo ha actuado con violencia y abuso en una especie de operación de “limpieza” cuyo saldo han sido miles de muertes, a menudo solo pequeños narcotraficantes o consumidores. Y las organizaciones seculares y religiosas, en el país y en el extranjero, apoyan firmemente la llamada a una investigación independiente e imparcial.
Las controvertidas elecciones de Durterte, desde su investidura, han sido objeto de numerosas críticas a nivel nacional e internacional. En una resolución del 17 de septiembre, el Parlamento Europeo afirma que, tras leer un informe detallado del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas , se condena enérgicamente las violaciones de los derechos humanos perpetradas por la administración Duterte y se invita a los Estados miembros de la Unión Europea a apoyar la urgencia de una investigación internacional sobre las violaciones cometidas en Filipinas desde 2016. La UE no solo pide el fin de las matanzas y la disolución de los grupos paramilitares, sino que habla de la posibilidad de revisar la cláusula de “nación favorecida” que garantiza la exención de derechos sobre las exportaciones de productos filipinos a Europa.
Luego ha llegado la indicación por parte de la ONU del compromiso de garantizar la asistencia técnica al Departamento de Justicia local. Y la esperanza de una investigación independiente, garantizada por la comunidad internacional, se ha desvanecido.
El padre Miranda no abandona la esperanza: “A pesar de todo - dice a Fides - sigo confiando en que las víctimas y sus familias verán la luz de la justicia al final del túnel. Animo a la gente de la Iglesia a permanecer alerta y vigilar la situación. Todavía hay otros posibles mecanismos internacionales y seguiremos apelando. Mientras tanto, seguiremos asistiendo a las familias de las víctimas con nuestros medios y según nuestras posibilidades”.
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