Antes de que el Congreso votara sobre la nueva medida, el presidente Duterte dijo que "el proyecto de ley era urgente porque tenía que contener la amenaza de actos terroristas" para proteger la seguridad nacional y promover el bienestar general".
Según los activistas, la nueva ley hace un uso excesivamente amplio y amorfo de los términos ‘terrorismo’ y ‘acto terrorista’, que podrían usarse para silenciar cualquier disidencia hacia el gobierno y reducir drásticamente los derechos humanos y las libertades civiles, reprimiendo a los opositores políticos.
Según la nueva ley, un ciudadano puede ser arrestado sin una orden judicial y verse sometido a una orden de detención de 14 días, por orden de un nuevo organismo establecido por la misma ley, llamado "Consejo Antiterrorismo", incluso en ausencia de la acusación formal de un tribunal. Se permite la vigilancia, las escuchas telefónicas y la invasión de la privacidad de cualquier persona bajo la mera sospecha de ser un presunto terrorista, incluso sin evidencia de haber cometido irregularidades.
La medida también revoca las sanciones financieras para quienes ordenan un arresto injustificado y eliminan otras garantías existentes contra el abuso por parte de los agentes de policía, "aumentando así la probabilidad de una impunidad grave por mala conducta de las fuerzas estatales", señala a la Agencia Fides el p. Daniel Pilario, sacerdote y teólogo de Manila.
El abogado Mel Santa María, presidente del dell'Institute of Law della Far Eastern Universi comenta que "el proyecto de ley será una espada mortal en la mano de cualquier déspota". José Manuel Diokno, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle, dirigida por los Hermanos de las Escuelas Cristianas, dice: “Según la ley, las personas pueden ser arrestadas simplemente por orden del Consejo. Este mecanismo es similar a los actos realizados durante la era del dictador Ferdinando Marcos".
En una declaración pública enviada a Fides, varios líderes cristianos, preocupados por la erosión de los derechos humanos, señalan que "la nueva ley podría ser utilizada como un abuso por aquellos que desean dominar al pueblo, cancelar la oposición y también suprimir el disenso legítimo. Este diseño de ley provocará una nueva disminución del espacio democrático y un debilitamiento del debate público que será perjudicial para nuestra nación". Los líderes cristianos creen que el nuevo proyecto de ley es innecesario porque las leyes existentes ya son lo suficientemente efectivas como para combatir el crimen y el terrorismo". Nuestros pobres ya están cargados de pobreza y sufrimiento de todo tipo. Necesitan leyes positivas para ayudarlos a vivir en dignidad y paz", agregan.
Entre los firmantes de la nota están el obispo Broderick Pabillo, administrador apostólico de Manila, el obispo Gerardo Alminaza de San Carlos, el obispo Reuel Norman Marigza del Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas y el obispo Rhee Timbang de la Iglesia Independiente de Filipinas.
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