AMÉRICA/MÉXICO - Llamamiento de los Obispos a las autoridades por la violación de los derechos humanos en la comunidad de San Mateo del Mar

Tehuantepec - “Con profunda preocupación”, Monseñor Crispín Ojeda Márquez, obispo de la Diócesis de Tehuantepec y Mons. Arturo lona Reyes, obispo emérito y presidente del Centro de Derechos Humanos Tepeyac A.C., se han dirigido al Presidente de México, al Gobernador del estado de Oaxaca y a la Ministra del Gobierno, pidiendo que intervengan en los eventos que están dañando “de manera profunda a una comunidad indígena”. La desatención ancestral y actual por parte de varios niveles de gobierno, “ha traído como consecuencia una grave violación a sus derechos humanos: el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, al desarrollo, al acceso pleno de los derechos económicos sociales y culturales, el derecho a la paz”.
En su comunicado, recibido en la Agencia Fides, los obispos recuerdan que el derecho a la paz de la comunidad indígena Ikots de San Mateo del Mar ha sido violado. El 3 de mayo el agente municipal suplente de agencia municipal de Huaztlán del Río fue asesinado y no se sabe que se haya procurado justicia por tal acontecimiento. El 21 de junio fue convocada una asamblea comunitaria en la comunidad de Huaztlán del Río, pero se produjo un ataque por parte de un grupo armado, seguido por actos de violencia, que han causado varios muertos y heridos.
“Como defensores de derechos humanos – escriben los dos Obispos -, nos preocupa la violencia que existe en la comunidad indígena de San Mateo del Mar, pero sobre todo que puedan existir actores ajenos a la comunidad que alientan la violencia entre hermanos. Nos preocupa que aún cuando se tiene conocimiento que el problema que viven los hermanos de San Mateo del Mar es de alto riesgo para la vida, la seguridad y la paz, las acciones que han realizado el gobierno federal y estatal, no previnieran la violencia que se generó y que dio como resultado la muerte, lesiones y daños de personas”.
Por ello los obispos presentan una serie de peticiones a las más latas autoridades del estado mexicano, tales como: garantizar a las familias de las víctimas las medidas de apoyo y asistencia que señala la Ley General de Víctimas. Asistencia psicológica y médica a los niños niñas y adolescentes que han quedado huérfanos. Atención médica a los lesionados en clínicas especializadas. A las mujeres víctimas de violencia se dé un trato diferenciado atendiendo a lo dispuesto por la convención sobre la eliminación toda forma de discriminación contra la mujer. Se realicen las investigaciones penales y administrativas que correspondan, para que los hechos ocurridos no se queden en la impunidad. Por último también piden que “se inicie un proceso de paz y reconciliación que garantice la pacificación interna de la comunidad, así como de las poblaciones vecinas”.