AMÉRICA/URUGUAY - Los obispos: “Nuestra sociedad necesita apoyar las leyes que prevengan y desestimulen cualquier género de eutanasia y suicidio asistido”

Montevideo – “Necesitamos un Uruguay que acoja, proteja, promueva y acompañe a cada persona en toda su existencia, incluida la etapa final de su vida terrena, a través de la fundamental ayuda de la familia, la medicina paliativa y la genuina experiencia religiosa”: lo subrayan los obispos de Uruguay en su “Declaración sobre la Eutanasia y el Suicidio médicamente asistido” con el que pretenden contribuir al debate público sobre una cuestión tan importante.
El texto fue presentado en la sede de la Conferencia episcopal de Uruguay por rl Secretario General y Portavoz de la CEU, Mons. Milton Tróccoli, Obispo de Maldonado-Punta del Este- Minas y Mons. Pablo Jourdan, Obispo auxiliar de Montevideo, quién es doctos en Medicina. Los obispos en el texto aseguran que “no es éticamente aceptable causar la muerte de un enfermo, ni siquiera para evitarle el dolor y el sufrimiento, aunque él lo pida expresamente. Ni el paciente, ni el personal sanitario, ni los familiares tienen la facultad de decidir o provocar la muerte de una persona… esa acción constituye un género de homicidio llevado a cabo en contexto clínico”. El documento además subraya que no es “éticamente aceptable la obstinación terapéutica que consiste en querer prolongar la vida del paciente a toda costa, sabiendo que no se proporciona un beneficio al paciente”.
“Nuestra sociedad necesita apoyar las leyes que prevengan y desestimulen cualquier género de eutanasia y suicidio asistido” pide la Conferencia episcopal, explicando que “jurídicamente, un proyecto en favor de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, implica cambiar el valor absoluto de la vida humana y su carácter de derecho humano fundamental indisponible e irrenunciable, contra la Constitución y los Derechos Humanos”. e abre la puerta a una cadena de violaciones de la dignidad de la persona humana cuando se pretende legalizar la eutanasia y la asistencia al suicidio, mediante el uso de términos genéricos tales como “sufrimientos insoportables” y cuando se los quiere justificar con conceptos vagos como “autonomía absoluta”, “vida indigna de ser vivida” y “muerte digna”. Ninguno de estos términos tienen interpretaciones claras y unívocas, reitera el documento recordando que la experiencia en otros países demuestra que terminan dando lugar a diversos abusos.
Los obispos terminan la Declaración invocando al Altísimo para que “ilumine a los representantes del Pueblo a fin de que legislen a la luz de la dignidad de la persona y los Derechos Humanos” y “oriente y fortalezca al personal de la salud, a las comunidades cristianas y a las familias, para que cuiden y respeten el valor incondicional de las personas que se acercan al final de la vida”.