Nueva Delhi - A principios de junio, más de 2.200 miembros extranjeros de la organización misionera islámica Tablighi Jamaat , que visitaron la India y participaron en reuniones religiosas, fueron incluidos en una lista de personas a las que se les ha negado la entrada al país durante los próximos diez años.
Lo que ha provocado tal disposición ha sido el encuentro de una semana celebrado en el mes de marzo, en el cual al parecer se ignoraron las medidas que prohibían las reuniones de más de un cierto número de personas debido al coronavirus y que habría causado un aumento de los contagios de Covid-19. No es la primera vez que Tablighi Jamaat recibe este tipo de acusaciones, que se han producido también en Malasia e Indonesia, donde TJ ha organizado manifestaciones y encuentros en plena pandemia. Pero, al margen de su responsabilidad, la historia ha provocado una ola de controversia que se ha desatado contra los musulmanes indios como una verdadera “campaña de odio” en la que se les acusa de ser “esparcidores del virus”. Por otro lado, no ha sucedido nada en la comunidad sij, después de que los sermones del predicador Baldev Singh - quien falleció de Covid-19 el 18 de marzo -, empujasen al gobierno a poner en cuarentena a unas 40.000 personas en 22 aldeas que habían asistido.
Ahora, la que ha sido definida como “lista negra” para miles de extranjeros, muchos de los cuales son trabajadores migrantes que pertenecen al movimiento misionero islámico, podría convertirse en el motivo de otra ola de odio anti-musulmán con una campaña que, según varios comentaristas, desde hace algún tiempo, se basa en noticias falsas: “Los videos que muestran a miembros del grupo misionero escupiendo a la policía se volvieron virales en las redes sociales, exacerbando una atmósfera ya peligrosa para los musulmanes”, escribe el periodista pakistaní Amjed Jaaved. Según Jaaved, desde finales de marzo hasta principios de mayo, “los tweets con el hashtag #CoronaJihad han aparecido más de 300.000 veces y potencialmente han sido vistos por 165 millones de personas. Pero las publicaciones en las redes sociales eran en su mayoría falsas”.
La historia se suma a las preocupaciones sobre el giro autoritario del gobierno de Delhi, con las repercusiones en la actitud hostil hacia las minorías religiosas: en los últimos meses ha habido protestas por el cambio de la Constitución y la revocación de la autonomía del Kashmir, mientras que la sociedad civil ha presentado numerosas quejas después de la aprobación del “Citizenship Amendment Act” en diciembre de 2019, la ley que ofrece la posibilidad de recibir la ciudadanía a los migrantes de Bangladesh, Pakistán y Afganistán, excluyendo a los de religión musulmana.
En un informe a fines de abril, la Comisión Estadounidense para la Libertad Religiosa Internacional sugirió que India debería incluirse en la lista de países que “plantean especial preocupación en el ámbito de las libertades religiosas” y que debería estar sujeta a sanciones si las cosas no cambian. Según el informe, “en 2019, las condiciones de libertad religiosa en la India se han deteriorado drásticamente, con minorías religiosas sometidas a ataques cada vez más numerosos”, que han involucrado no solo a musulmanes sino también a cristianos, dalit y otras pequeñas comunidades.
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