Kuala Lumpur - La gestión de la relación con los migrantes en Malasia, caracterizada en los últimos meses por deportaciones y arrestos, ha generado preocupación en las organizaciones que defienden los Derechos Humanos y la libertad de expresión, también debido a la intimidación de los periodistas que han denunciado estos hechos. Un video divulgado en los últimos días por el canal qatarí Al Jazeera documenta el arresto de inmigrantes sin papeles durante la pandemia. El documental “Locked Up in Malaysia Lockdown” fue criticado por las autoridades que lo calificaron de “inexacto, engañoso e injusto”. El Ministerio de la Defensa pidió a los medios de comunicación que se disculpen argumentando que las acusaciones de racismo y discriminación contra los inmigrantes eran falsas. La policía ha anunciado una investigación contra el personal del canal árabe por delitos como sedición, difamación y violación de la Ley de Comunicaciones y Multimedia. El canal qatarí ha rechazado dichas acusaciones, pero la polémica denota el conflicto que ha surgido entre el gobierno y los profesionales de la información. Reporter Sans Frontieres , la mayor organización en defensa de la libertad de prensa, escribió recientemente que “después de la sorpresiva derrota del partido del ex primer ministro Najib Razak en mayo de 2018, un soplo de aire fresco comenzó a llegar para la libertad de prensa. Los periodistas y los medios de comunicación en la lista negra pudieron reanudar su actividad y mejoró significativamente el clima para los periodistas. La autocensura se ha reducido enormemente y las publicaciones del país ahora presentan puntos de vista mucho más equilibrados entre oposición y mayoría”.
La luna de miel terminó con la pandemia de COVID-19. Las primeras señales se produjeron después de una investigación realizada por el periódico “South China Morning Post” sobre la condición de los trabajadores migrantes y, en concreto, después de un artículo que documentaba el arresto violento de cientos de migrantes dentro tres alojamientos en una zona roja en la capital, Kuala Lumpur el pasado 1 de mayo.
En Malasia, asegura RSF, “el ejecutivo todavía tiene un arsenal legislativo absolutamente draconiano para combatir la libertad de prensa: la Sedition Act de 1948, la Official Secrets Act de 1972, la Press and Publications Act de 1984 y la Ley de Comunicaciones y el multimedia de 1998, pesan como una espada de Damocles sobre los periodistas”.
Malasia no es el único país de Asia que ha estrechado los lazos de libertad de expresión, como lo demuestra el caso de la periodista filipina Maria Ressa. Los llamamientos de la sociedad civil se han multiplicado a su favor. En Myanmar, varios periodistas han sido acusados de entrevistar a grupos guerrilleros considerados “terroristas”.
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