La situación económica de muchas escuelas católicas, como ya había sido documentado por la Agencia Fides, se había deteriorado especialmente desde el verano de 2017, después de que el gobierno de aquel entonces decretase las nuevas "tarifas salariales" para los trabajadores del sector público, que también incluían al sector escolar. Desde entonces, la situación ya se había vuelto insostenible, especialmente para las escuelas que trabajan en las zonas urbanas y rurales menos prósperas del país. El año escolar actual, marcado primero por los bloqueos sociales relacionados con las protestas callejeras contra el gobierno y luego por el cierre de los edificios escolares impuestos por la crisis pandémica, ha llevado al colapso una situación que ya estaba gravemente comprometida. En algunas instituciones educativas, las semanas lectivas reales desde el comienzo del año escolar han sido menos de 15.
Las controversias en torno al estado de emergencia del sistema escolar libanés volvieron a estallar en la segunda mitad de mayo, cuando el ministro de educación Tarek Al Majzoub, que el 17 de mayo de 2020 sin consultar al sector de las escuelas no estatales, estableció la fecha del 13 de junio como fin del año escolar - realizado en los últimos meses con clases a "distancia" - y el aplazamiento a septiembre de los exámenes estatales para todos los ciclos escolares. La Secretaría de Escuelas Católicas y los sindicatos de docentes de escuelas no estatales han acogido con desilusión el cierre del año escolar impuesto por el gobierno, ya que no permite cobrar las cuotas finales de las tarifas pagadas por los estudiantes. La Secretaría ha emitido una carta abierta al presidente Michel Aoun, en la que, entre otras cosas, se destaca el papel crucial de las congregaciones religiosas y los temas eclesiales en el desarrollo de la educación en el Líbano, y se denuncia la falta total de presencia de las instituciones públicas del país para presentar medidas de apoyo adecuadas a la emergencia, que podría extirpar de raíz por la crisis, a las instituciones que trabajan de forma esencialmente gratuita en las regiones y las zonas urbanas económicamente deprimidas.
La desconfianza y el descontento crecen entre todos los miembros de la comunidad escolar nacional, y especialmente entre padres, maestros, estudiantes, personal administrativo y auxiliar de las escuelas católicas, que juegan un papel principal en el Líbano, dado que las escuelas administradas directamente por el estado no pueden garantizar niveles de instrucción altos.
Al margen de las afirmaciones y acusaciones de irresponsabilidad dirigidas a la clase política, no falta entre la comunidad eclesial una cierta autocrítica además de solicitudes para revisar la dinámica interna de toda la red de instituciones educativas católicas. Es evidente que los operadores y responsables del sector de las escuelas católicas hasta ahora no han desarrollado una estrategia unificada para hacer frente al estado de crisis. Algunas instituciones, como las encabezadas por los maristas, han seguido pagando sus salarios a sus empleados en su totalidad, mientras que otras escuelas católicas han reducido a la mitad los salarios de su personal docente y no docente.
Recientemente, el jesuita Charbel Batour, rector de la universidad Notre-Dame de Jamhour, interviniendo en una transmisión de televisión, reconoció entre otras cosas que no todos los involucrados en la emergencia han sabido manejar la situación “de una manera humana y sabia”. “Ahora - comentó el padre Charbel -, cada una de las partes se considera una víctima y todos culpan a los demás”.
En los últimos meses, el Colegio Notre Dame de Jamhour, para buscar soluciones ante el empeorar de la crisis, había recurrido a la medida extrema de enviar cartas y solicitudes de apoyo a sus antiguos alumnos de las escuelas libanesas que ahora viven cómodamente en Estados Unidos, en Europa o en los países del Golfo. Pero el agravarse de la situación pone de manifiesto que incluso las instituciones educativas católicas libanesas no están en el mismo barco, y se hace cada vez más urgente ser transparentes al presentar los balances económicos e inaugurar formas de colaboración entre las escuelas que gozan de buena salud desde el punto de vista financiero y aquellas que llevan a cabo su trabajo educativo entre los sectores económicamente más débiles de la población .
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