En primer lugar, los representantes señalan que el alto riesgo de contagio por el nuevo coronavirus es constante en los tres países y “si bien cada país ha adoptado medidas de prevención y contención de la pandemia, no todos los gobiernos han implementado medidas suficientes para proteger a sus ciudadanos y a los vecinos”.
Además, dicen “observamos con preocupación que México no esté tratando el tema de la migración como un fenómeno de vital importancia en estos tiempos del COVID-19, permitiendo a su vecino del norte deportar a su territorio ciudadanos de cualquier país, incluso muchos de ellos sin su debido proceso y sin que les sea brindada la protección necesaria a los solicitantes de asilo”. Continúan denunciando que “las deportaciones de familias enteras con niños a altas horas de la noche, los hace presas fáciles del crimen organizado”.
México, de igual manera, “sigue deportando ciudadanos centroamericanos, especialmente a migrantes hondureños a Guatemala, violando el derecho internacional y dejando a estos ciudadanos hondureños en una situación de total desprotección, elevando así su grado de vulnerabilidad. Guatemala por su parte está permitiendo el paso de personas migrantes por su territorio, aun bajo el supuesto de fronteras cerradas y bajo el silencio cómplice del gobierno de Honduras que no hace lo suficiente para atender las necesidades de su población y mantener igualmente el control de las fronteras que dice tener cerradas”.
Los representantes de las tres Conferencias episcopales observan “con preocupación que los migrantes, entre tantas personas vulnerables ante esta pandemia sigan siendo los invisibles de las políticas sociales y humanitarias. Los países necesitan dejar de un lado las ambigüedades respecto a sus políticas migratorias y sobreponer el bien de la humanidad a los intereses económicos y políticos”.
Ante esta situación, en la segunda parte del documento, la Pastoral de Movilidad humana “como iglesia, de manera conjunta solicitamos a los gobiernos de México, Guatemala y Honduras” una serie de peticiones. Prima di tutto “consideramos el tema de la migración como un fenómeno de vital importancia en este periodo de propagación del coronavirus” para no exponer a los migrantes a mayores riesgos, ni a la población por donde pasan y “reducir el alto grado de discriminación y estigmatización de los migrantes como portadores del virus”. Luego piden “detener las deportaciones, así como a hacer cumplir el derecho internacional que prohíbe a un país deportar a un extranjero a otro país que no sea su país de origen o donde tenga establecida su legal residencia”. Por razones humanitarias, para evitar el hacinamiento, se permita “la salida de las estaciones migratorias y o centros de detención para migrantes a las personas que están en un proceso de regularización”. Que también sea garantizada la adecuada atención médica a los migrantes independientementede su condición migratoria respetando el derecho a la salud.
Además invitan a los responsables de la protección de los derechos humanos de los respectivos países a que promuevan acciones concretas de protección a los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
“Finalmente – concluyen -, nos unimos a las voces de quienes ya lo han hecho para exigir a nuestros gobernantes a no politizar la crisis por el coronavirus y a tomar acciones concretas para frenar la propagación del virus. Dentro de estas acciones es indispensable considerar a las personas migrantes como una población altamente vulnerable”. El documento está firmado por los Presidentes y Secretaros ejecutivos de las Comisiones episcopales para la Movilidad humana de los tres países.
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