Según la denuncia del prelado, las comunidades afectadas por la contaminación no fueron informadas de inmediato. La demora en informar el desastre fue clara en la información difundida por los gerentes de la compañía Petroecuador y por el gobierno nacional: solo revelaron que una "reducción en la presión en la tubería afectaría el funcionamiento del Sistema SOTE", sin mencionar la ruptura de la tubería y El consiguiente derrame de petróleo.
Mientras tanto, el obispo Jiménez informa que aún no se han adoptado todas las medidas de contención, que son extremadamente urgentes, para detener el derrame de petróleo crudo, que ha llegado a las aguas del río Coca y Napo, causando graves efectos ecológicos y ambientales. Agregando a la contaminación por petróleo la difícil situación generada por la pandemia de Covid-19, observamos que "las comunidades locales están sufriendo el deterioro de su salud, la pérdida de sus garantías alimentarias y la estabilidad social", observa.
La tubería se rompió el 7 de abril, aparentemente debido a eventos naturales en las áreas que rodean la cascada de San Rafael, entre Napo y Sucumbíos. Según las estimaciones iniciales, se calculan 4.000 barriles de petróleo crudo en los ríos Napo y Coca. Cerca de 100 comunidades en el área permanecieron sin agua durante unos días y aún hoy se realizan trabajos de limpieza especializados para restaurar los principales servicios en el área.
Como ha sucedido en otras ocasiones, se han hecho esfuerzos para ocultar o minimizar el incidente y solo las instituciones de la Iglesia han denunciado abiertamente el hecho con sus terribles consecuencias. La Conferencia Episcopal del Ecuador dio mucho espacio a la carta de denuncia publicada por el Vicariato Apostólico de Aguarico que relata la situación crítica en el área. Otras quejas también vinieron de la Red Eclesial Panamazonica y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
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