Jartum - “No sé si podemos definir este acuerdo como “global” porque algunas formaciones armadas en Sudán no han adherido a él y he oído que no han accedido a firmarlo. Un acuerdo de paz se vuelve global cuando todos los que están armados se adhieren al acuerdo sin que nadie sea excluido", ha dicho Su Exc. Mons. Michael Didi Adgum Mangoria, Arzobispo de Jartum, comentando el acuerdo alcanzado el 31 de agosto entre el gobierno sudanés y varios grupos rebeldes.
Tras meses de negociaciones, el acuerdo ha sido firmado en dos fases durante una ceremonia en Juba, en Sudán del Sur: la primera de los movimientos rebeldes en Darfur, donde comenzó la guerra en 2003, provocó al menos 300.000 muertos y 2,5 millones de desplazados. En una segunda fase del movimiento rebelde de Kordofan del Sur y el Nilo Azul, donde la guerra ha afectado a un millón de personas.
El equipo de mediación de Sudán del Sur y representantes de Chad, Emiratos Árabes Unidos y Egipto han asistido a la firma como observadores.
Como señala el arzobispo Didi, algunas formaciones armadas no se han sumado a los acuerdos. Se trata de la facción del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán del SPLM-N-Norte encabezado por Abdel Aziz al-Hilu , junto con el componente del SLM dirigido por Abdel Wahid al-Nur .
"No sé si este acuerdo mejorará las cosas sin que todos sean parte de él" insiste el arzobispo de Jartum porque los dos grupos que no lo han firmado por ahora han accedido sólo a un alto el fuego: "Sólo hay un cese de hostilidad; para mí no es lo mismo que el acuerdo de paz. Cuando solo hay un alto el fuego, la situación no debe equipararse con la paz”.
Mons. Didi espera que “dado que todas las partes han implementado el cese de hostilidades, este es el momento adecuado en el que pueden hablar. La mejor conclusión para el cese de hostilidades es el acuerdo de paz”.
Hay que tener en cuenta que el acuerdo de paz, además de otorgar amplia autonomía a los gobiernos del Nilo Azul y Kordofán del Sur, prevé el establecimiento de una comisión nacional de libertad religiosa que garantice la protección de los derechos de las comunidades cristianas en el sur del país. También prevé que el 40% de la riqueza producida en los dos estados les corresponderá a ellos durante un período de 10 años.
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