Washington - “Aunque realmente queremos una solución legal para los Dreamers, no podemos aprobar cambios estructurales importantes en el sistema de inmigración que tengan un impacto negativo en las familias y en las personas más vulnerables, como aquellos que produce esta legislación. Esperamos que haya una oportunidad para dialogar con los legisladores y encontrar cómo poner en marcha nuevas medidas, en concreto, sobre los efectos en las familias y en los más vulnerables”. Es lo que monseñor Joe S. Vásquez, obispo de Austin, Texas, Presidente de la Comisión de Migración de la Conferencia Episcopal Americana , indica en la carta que envió a todos los miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con respecto a dos leyes de inmigración que han de discutirse semana en el Parlamento.Los llamados “Dreamers” son unos 800,000 inmigrantes llegados a los Estados Unidos cuando eran niños y que son hijos de padres que entraron ilegalmente en el país. Para protegerlos, Barack Obama había establecido el programa Daca , una iniciativa suspendida por la administración Trump. Monseñor Vásquez había escrito una primera carta en enero oponiéndose a la H.R. 4760, también en debate esta semana, que prevé la reducción de los visados para los trabajadores en el sector agrícola, para el reagrupamiento familiar, la financiación para construir el muro fronterizo con México y el aumento de los agentes empleados en el Departamento de Seguridad.
En su carta de ayer, recogida por la Agencia Fides, Monseñor Vásquez declara: “Mis hermanos obispos y yo apreciamos los esfuerzos de los Representantes para encontrar una solución legislativa para los “Dreamers”, hablando de medidas sobre inmigración en la Cámara de Representantes. Creemos que esta legislación debe ser bipartidista, ofrecer a los “Dreamers” un camino hacia la ciudadanía, estar a favor de la familia, proteger a los más vulnerables y respetar la dignidad humana en el ámbito de la seguridad y la protección de las fronteras”.
Al mismo tiempo, ha sido noticia en todo el mundo los vídeos en los que los niños separados de sus padres y enjaulados gritan y lloran de desesperación en los centros de detención. Es el efecto de las nuevas normas sobre inmigración, de la política de “tolerancia cero” en la frontera con México. La cuestión está siendo ampliamente debatida a todos los niveles, como lo demuestra la iniciativa de la Iglesia Metodista Unida, que condena al Procurador General Jeff Sessions, por la política del gobierno Trump de separar a las familias de los inmigrantes sin documentos a la frontera sur de los Estados Unidos. La carta, firmada por 640 fieles, sacerdotes y líderes de la Iglesia Metodista, asegura: “De acuerdo con el párrafo 2702.3 del United Methodist Discipline Book 2016, acusamos a Jefferson Beauregard Sesiones, Procurador General de los Estados Unidos, de delitos relacionados con el abuso de menores, la inmoralidad, la discriminación racial y la difusión de doctrinas contrarias a las normas de la doctrina de la Iglesia Metodista Unida”. La carta afirma que “mientras que otros individuos del gobierno federal están involucrados en cada uno de estos ejemplos”, Jeff Sessions, que es un Metodista, se encuentra en una “posición pública de mucho poder” de la que los firmantes se sienten responsables: “tenemos la obligación ética de hablar con valor cuando uno de nuestros miembros está implicado en causar un daño significativo”.
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