Daca – Es urgente un enfoque que respete los derechos humanos y la dignidad humana frente al problema de las drogas en Bangladesh. Es lo que pide Rita Haldar, una trabajadora social que opera en Daca, al hablar sobre “la guerra contra las drogas” que las fuerzas de Seguridad de Bangladesh han lanzado y en virtud de la que han asesinado a más de 140 personas y arrestado a 18.000 en tres semanas. Es el resultado de la campaña promovida por el primer ministro Sheikh Hasina, quien, según algunos observadores, ha adoptado las mismas medidas que el presidente Rodrigo Duterte en Filipinas. La campaña antidrogas fue aprobada por la Hasina el 15 de mayo. Bangladesh incluso está considerando la introducción de la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas.La campaña tiene como objetivo detener la propagación del “ya ba”, como se llama en bengalí a una metanfetamina que en el país registra un volumen de facturación de 3.000 millones de dólares al año, según cifras del gobierno.
“Hay un enfoque violento y represivo, que no descarta las ejecuciones extrajudiciales y arrestos arbitrarios. La represión en el país debe detenerse”, señala Haldar. “Es urgente una alternativa que no sea matar o arrestar a las personas de forma indiscriminada”, lamenta. “Las personas que tienen problemas con las drogas deben de seguir un proceso de rehabilitación y reintegración en la sociedad en lugar de sufrir violencia o ser eliminados. La campaña del gobierno va contra los derechos humanos y la dignidad”, dice Haldar en la Agencia Fides.
Activistas pro derechos humanos dicen que el primer ministro Hasina y su partido Awami League intentan frenar el mercado de drogas para usarlo como una herramienta política de cara a las próximas elecciones programadas para este 2018. “La campaña antidrogas en Bangladesh siembra el terror y consolidará el poder político, pero no servirá para erradicar las drogas”, asegura Haldar.
Según los activistas, la campaña de Bangladesh se basa en datos y testimonios dudosos: el gobierno de Bangladesh dice, sin pruebas concretas, que siete millones de ciudadanos son adictos a las drogas. Algunos presuntos traficantes de drogas fueron asesinados durante las operaciones policiales. El Ministerio del Interior de Bangladesh explicó que los oficiales les mataron porque los sospechosos se resistieron al arresto.
En Bangladesh, el gobierno ya fue acusado de perseguir a opositores políticos y defensores de los derechos humanos antes de esta “guerra contra las drogas”. “Si la verdadera intención del gobierno es abordar el problema de las drogas en Bangladesh, sería necesario fijarse en los modelos de sanidad pública que se desarrollan en algunos países vecinos”, concluye Haldar.
En Malasia, el gobierno ha puesto en marcha programas sociales que consideran la droga como un “problema de salud pública” y no como una simple cuestión de orden público. En Tailandia, después del enfoque punitivo de la era del presidente Thaksin Shinawatra, la sociedad civil apoyó un cambio en esta política mediante la introducción de un enfoque más pragmático orientado a la salud, asegura Jonas Bagas, activista que trabaja para “APCASO”, una red regional de Ong. “Estos programas no son perfectos, pero se basan en un enfoque más humano y también más eficaz de cara al problema de la distribución y el consumo de droga”, indica.
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