“Lo que estamos proponiendo es derogar estas leyes, que fueron la causa de los incendios el año pasado y que no nos tuvieron en cuenta en su preparación. Estamos pidiendo nuevas propuestas de leyes que tengan en cuenta nuestra participación ", dijo el Gran Cacique de la Organización Indígena Chiquitana , Agustín García, el 2 de marzo en la presentación.
La nota enviada a Fides por la arquidiócesis de Santa Cruz informa que el proyecto de ley propone la derogación de la ley no. 1171 sobre el uso y la gestión racional de incendios para quemar ramas y matorrales, así como un sistema de sanciones administrativas por incendio sin autorización, además de un período extraordinario de regularización en el pago de deudas y multas por incendio sin autorización, que involucra El Ministerio de Medio Ambiente y Agua como responsable del desarrollo de las políticas correspondientes.
La Iglesia de Bolivia, a través de sus organizaciones de ayuda social, había acudido al rescate de la población afectada por los incendios en septiembre de 2019. También había pedido al gobierno que "interviniera urgentemente e inmediatamente, para declarar la emergencia nacional en las áreas afectadas, para promulgar un decreto que prohíbe todo cultivo y extracción, que promueva solo actividades de reforestación, y que gestione eficientemente los recursos de la ayuda nacional e internacional ".
La Conferencia Episcopal, en una declaración del 11 de septiembre de 2019, expresó los sentimientos de las personas involucradas: "Hay indicios serios de que detrás de este desastre nacional y humanitario hay una decisión de expandir la frontera agrícola en Bolivia sin tener en cuenta el intereses del hogar común, ni de los principios básicos de la ética ecológica, ni de los pueblos indígenas ".
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