El encuentro entre el Patriarca caldeo y los exponentes del movimiento Sadrista adquiere un importante significado a la luz de la delicada fase político-institucional que atraviesa Irak.
El 27 de diciembre, el Tribunal Supremo iraquí rechazó los recursos interpuestos por algunas fuerzas políticas chiítas consideradas pro iraníes que impugnaban los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas el 10 de octubre. La sentencia del Tribunal Supremo ratifica así definitivamente el éxito electoral del movimiento Sadrista, que ocupará en el Parlamento 73 de los 329 escaños disponibles. La Alianza Fatah, que reunió a los grupos políticos chiítas que promueven la apelación contra el resultado de las elecciones, controlará solo 17 escaños
El último día de 2021, el presidente iraquí Barham Salih convocó la primera sesión del nuevo Parlamento en la que los diputados deberán elegir al presidente de la Asamblea Parlamentaria y los dos vicepresidentes, así como formar los grupos parlamentarios. Dentro de los 30 días posteriores a la toma de posesión, los nuevos parlamentarios deberán elegir al nuevo Presidente de la República y luego, dentro de los próximos 15 días, al nuevo Primer Ministro.
En el nuevo escenario político iraquí, el equilibrio de poder en el Parlamento también confirma la nueva relevancia asumida por el líder chií Muqtada al Sadr, conocido por haber sido también el fundador del ejército Mahdi, la milicia, oficialmente disuelta en 2008 y creada en 2003, para luchar contra las fuerzas armadas extranjeras presentes en Irak después de la caída del régimen de Saddam Hussein. Durante la última década, los analistas han notado varios cambios en el líder, quien en 2008 disolvió su milicia y no parece alinearse con Irán. En el pasado, Muqtada al Sadr llegó a abogar por la superación del “sistema de cuotas” que, desde la muerte de Saddam, ha regido la gestión del poder en Irak sobre bases sectarias. En el país afectado en los últimos años por la ofensiva yihadista, la proclamación del Califato Islámico con base estratégica en Mosul y por la presencia de fuerzas diferentes y potencialmente rivales en el frente heterogéneo que propició la reconquista de casi todas las zonas que habían caído en manos de las milicias yihadistas, Muqtada al Sadr ha intentado perfilarse como un potencial mediador. Su visita a Arabia Saudita en julio de 2017 para reunirse con el príncipe Mohammed bin Salman también se interpretó desde esta perspectiva.
Hace exactamente un año , Muqtada al Sadr ordenó la creación de un Comité encargado de recopilar y verificar noticias y denuncias sobre casos de expropiación ilegal de inmuebles sufridos en los últimos años por propietarios cristianos en varias regiones del país. En el comunicado que anunciaba la campaña se indicaban los nombres de los colaboradores de Muqtada al Sadr elegidos como miembros del Comité, así como las direcciones de correo electrónico y cuentas de whatsapp a las que los propietarios cristianos expropiados podían enviar los documentos que demostraban la propiedad de bienes raíces sustraídos ilegalmente en los últimos años por individuos o bandas organizadas. La iniciativa del movimiento Sadrista, recogida por la Agencia Fides , desencadenó una curiosa competitividad entre bloques políticos antagónicos, decididos a erigirse cada uno como representantes de los intereses de los ciudadanos cristianos y defensores de sus propiedades y derechos. El lunes 22 de noviembre, el juez Faiq Zidan, presidente del Consejo Judicial Supremo, el máximo órgano administrativo del poder judicial ordinario, recibió una delegación del Movimiento Bablonia, grupo político considerado cercano a los partidos chiítas pro iraníes que en las elecciones del 10 de octubre ganó cuatro de los cinco escaños reservados para parlamentarios de fe cristiana. La delegación incluía a Ryan al-Kildani, secretario general del Movimiento, y Evan Faeq Yakoub Jabro, exministro de refugiados y migración del gobierno saliente encabezado por Mustafa al Kadhimi. También durante esa reunión, la entrevista se centró en los problemas relacionados con las propiedades inmobiliarias de propietarios cristianos y en las medidas que deben adoptarse para proteger sus derechos de propiedad.
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