La congelación de los fondos internacionales está estrangulando al país, ha dicho Visone, recordando que hoy la comunidad internacional está representada en el país sólo por la comunidad humanitaria. El número de personas identificadas por la ONU como "necesitadas de ayuda humanitaria" ha pasado de 3,3 millones en 2018 a 18,5 millones en 2021.
La crisis afgana se ha agravado, a pesar de que los combates han cesado, en gran medida desde que los talibanes tomaron el poder en agosto. Pero la ayuda tarda en llegar, no hay liquidez para pagar los sueldos a los funcionarios y la afghanis, la moneda nacional, ha perdido más de la mitad de su valor, lo que ha hecho que el precio de los productos de primera necesidad se dispare.
Mientras en Italia y en Europa, así como en varios países que forman la coalición de la OTAN, presente en Afganistán desde hace 20 años, continúa el debate sobre una de las crisis más profundas que atraviesa el país, agotado por más de 40 años de guerra , las mismas preocupaciones llegan directamente de las Naciones Unidas, encargadas por la comunidad internacional de hacer frente a la crisis.
Los afganos "se enfrentan hoy a una profunda crisis humanitaria" que amenaza también los "derechos humanos" básicos, según ha declarado en los últimos días la Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif: "La vida económica está en gran medida paralizada por el colapso del sistema bancario y una grave crisis de liquidez. Con la llegada del invierno, las mujeres, los hombres, los niños y las niñas se enfrentan a una pobreza y un hambre severos y a unos servicios públicos limitados y deteriorados -en particular la atención sanitaria-, mientras que cada vez más afganos luchan por satisfacer sus necesidades básicas, y las personas vulnerables -en particular los hogares encabezados por mujeres- se ven empujadas a tomar medidas desesperadas, como el trabajo infantil, el matrimonio de niños para garantizar su supervivencia y -según algunos informes- incluso la venta de sus hijos".
Sin embargo, el punto central del debate no es sólo la ayuda humanitaria de emergencia, sino, según el funcionario de la ONU, una situación "agravada por el impacto de las sanciones y la congelación de los activos del Estado". La referencia es tanto a los préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario como, sobre todo, a los 10.000 millones de dólares del anterior gobierno republicano congelados en bancos estadounidenses.
Además de la crisis humanitaria y económica, la ONU también está preocupada por las ejecuciones extrajudiciales que, entre agosto y noviembre, habrían supuesto "sobre la base de acusaciones creíbles" más de 100 asesinatos de antiguos miembros de las fuerzas de seguridad nacionales afganas y otros colaboradores del gobierno. "Al menos 72 víctimas han sido atribuidas a los talibanes", mientras que otras ejecuciones sumarias se habrían llevado a cabo contra supuestos miembros de la provincia de Jorasán del Estado Islámico, la rama afgana del ahora derrotado Estado Islámico en Raqqa.
Amnistía Internacional también ha intervenido en todo este asunto, que implica graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra tanto ahora como en el pasado. En un informe que acaba de hacerse público , la ONG afirma que "los repetidos crímenes de guerra y el implacable derramamiento de sangre" marcaron el colapso del anterior gobierno. El informe añade que todas las partes del conflicto son responsables de crímenes de guerra en Afganistán. Por ello, Amnistía pide a la Corte Penal Internacional que investigue todos los presuntos crímenes de guerra en Afganistán, incluidos los cometidos por las fuerzas estadounidenses y las fuerzas de seguridad afganas.
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