La declaración sigue a la "Carta abierta" dirigida a los poderes del Estado por el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal, en la que se pide, entre otras cosas, “que se respeten los derechos de los pueblos originarios y las leyes que los regulan” .
La Coordinación Nacional de Pastoral Indígena recuerda también que lleva “más de 50 años, caminando juntos en la búsqueda de la tierra sin mal y luchando por el aseguramiento territorial, dentro de lo que las Leyes Nacionales e Internacionales garantizan”. Luego subraya que es una obligación del Estado paraguayano “asegurar el cumplimiento de nuestra normativa respecto a la Propiedad Comunitaria de la tierra para las Comunidades Indígenas, las cuales tienen como fin la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida”.
El comunicado de la Pastoral Indígena cita también el Convenio 169 OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por la Ley N°234/93 que “dispone que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Por ello pide las medidas necesarias para salvaguardar tal derecho y, al mismo tiempo, para salvaguardar el derecho de los pueblos Indígenas a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero “a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.
“Lamentablemente estas leyes no se han tenido en cuenta – concluye el comunicado -, lo cual se refleja en los últimos desalojos de comunidades indígenas. En este contexto exigimos el fiel cumplimiento de las Leyes Nacionales y los Acuerdos Internacionales firmados y ratificados por la República del Paraguay.”.
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