En el texto, enviado a la Agencia Fides, se reiteran algunos conceptos fundamentales: "la familia, como célula primera y vital de la sociedad, ha sido una preocupación constante de nuestra Iglesia católica, y nuestros obispos, en varias ocasiones, la han declarado prioritaria en sus planes pastorales”. En estos momentos, cuando la familia dominicana está siendo atacada, es oportuno resaltar su valor, tal y como establece la Constitución del Estado. "Ninguna institución puede decidir en lugar de la familia", dice el manifiesto, "no podemos tolerar, bajo ningún concepto, la imposición de ningún tipo de agenda que atente contra la vida misma de la persona humana, ni de los que están por nacer. Tampoco podemos tolerar ningún tipo de ideología que distorsione y erradique nuestra identidad familiar. Somos constitucionalmente responsables de la educación de nuestros hijos". Por ello, la familia debe ser "una comunidad de vida y de amor, que forme a las personas, que participe en el desarrollo de la sociedad y en la vida y misión de la Iglesia".
Reafirmando que "la familia debe ser la gran protagonista de las políticas públicas del Estado", los firmantes del Manifiesto dirigen una serie de peticiones al Estado. En primer lugar, "reconocer y garantizar el derecho y el respeto a la protección de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, tal como lo sostiene la Constitución dominicana". Las políticas públicas se dirigen urgentemente a las familias, especialmente a las que se encuentran en situación de pobreza, garantizando la alimentación, la salud, la educación y la seguridad ciudadana. El Estado debe desarrollar un plan de viviendas de bajo coste; una red de Centros de Asistencia Familiar para familias con dificultades de convivencia; centros de terapia especializados para niños huérfanos traumatizados por las consecuencias de la violencia doméstica; asegurar fuentes de empleo que garanticen el auto-sustentamiento de las familias; promover programas éticos y humanos de educación afectivo-sexual en los centros educativos; implicar a los medios de comunicación en la construcción de familias sanas, evitando todo aquello que pueda provocar la desintegración familiar, la violencia y los anti-valores.
Además, piden al Estado la creación de un Ministerio de la Familia, "que coordine, articule e integre todas las políticas públicas relacionadas con todos los miembros de la familia". Por último, reiteran al Gobierno, a las cámaras legislativas y a toda la población que nadie puede adueñarse de la familia, ya que "tienen derecho a decidir sobre sus miembros y su futuro, teniendo en cuenta que el bien de la sociedad depende del bien del matrimonio y de la familia".
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