En los últimos días se han producido importantes confirmaciones y ampliaciones, por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, de las medidas sancionadoras puestas en marcha por los países occidentales como instrumento de presión sobre los actuales dirigentes políticos sirios. Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. ha confirmado que Washington no ha aplicado ninguna flexibilización de las sanciones contra el régimen sirio, y que no suavizará su oposición a los planes de reconstrucción del país dirigidos por los aparatos de poder del presidente Assad. Las declaraciones procedentes del Departamento de Estado estadounidense pretendían cortar de raíz cualquier posible inferencia sobre la supuesta implicación y el nihil obstat de Estados Unidos en la decisión adoptada por los Emiratos Árabes Unidos de construir una planta de energía solar en una zona rural cercana a Damasco . El lunes 15 de noviembre, el Consejo de la Unión Europea prorrogó a 4 nuevos ministros del gobierno de Damasco las sanciones contra miembros y organismos vinculados al aparato sirio que se habían prolongado el pasado mes de mayo hasta el 1 de junio de 2022.
Las sanciones europeas, introducidas en 2011 tras la represión de las primeras manifestaciones organizadas por grupos opositores a Assad, afectan actualmente a más de 280 personas y unas 70 organizaciones vinculadas al gobierno sirio. Incluyen las exportaciones de petróleo y el suministro de equipos tecnológicos. En declaraciones oficiales, los organismos de la UE señalan que las sanciones anti-Assad están calibradas para que no afecten al suministro de alimentos y medicinas. Monseñor Georges, testigo sobre el terreno de lo que ve pasar en Alepo, cuenta otra historia: “La situación cotidiana -dice a Fides el vicario apostólico de la metrópoli siria- es en muchos aspectos peor que la que vivimos cuando Alepo era un campo de batalla entre el ejército sirio y las milicias de los llamados rebeldes. No hay medicinas, los hospitales no están equipados con las máquinas necesarias para salvar vidas y faltan productos de primera necesidad, incluidos los alimentos. Muchas personas apenas pueden encontrar el pan suficiente para sobrevivir día a día”. Una situación que se hace aún más insoportable por la impresión de que el objetivo mal disimulado de las sanciones es precisamente aumentar el sufrimiento de la población, para alimentar el descontento con los dirigentes políticos y perseguir estrategias e intereses geopolíticos jugando con la piel del pueblo sirio. “Siempre son los pobres los que pagan - repite monseñor Georges -, mientras que los ricos y los que mandan no pagan nada. Por eso seguimos diciendo aquí que las sanciones son criminales”.
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