“Nos dirigimos a ustedes para expresarles nuestra honda preocupación ante los desalojos forzosos y las amenazas de expulsión de comunidades indígenas y campesinas en diversas zonas del país – escriben los obispos -. Los episodios recientes nos producen indignación por lo que instamos a las autoridades nacionales a precautelar los derechos de los pueblos originarios en nuestro país y el derecho a la tierra de nuestros compatriotas”. Recordando los principios fundamentales consignados en la Constitución Nacional sobre la justicia, la igualdad ante la lay y sobre los derechos y deberes de los ciudadanos, los obispos piden “que se revisen los procedimientos realizados” y sobre todo, que “se proteja la vida de los más vulnerables, asegurando que en sus reclamos legítimos o en disputas por conflictos de propiedad estos no se vean perjudicados o postergados en favor del poder económico de otros”.
Los obispos consideran además que es necesario alzar su voz para recordar “que la ley obliga al legislador tanto como a todos los que se hallan bajo su jurisdicción”, y cualquier acto que lesione “el sentido y la aplicación de los preceptos de la Constitución Nacional y la vigencia del cuerpo de derecho desacraliza la fe depositada en las leyes y en sus autoridades”.
Por ello, expresan su exigencia a las autoridades para que respeten los derechos de los pueblos indígenas, con el fin de “asegurar la igualdad y la no discriminación, la autonomía, el acceso a la justicia con respeto al derecho consuetudinario indígena, la protección a sus territorios y a los recursos naturales para su sustento”. Reclaman la reforma agraria, la promoción de la agricultura familiar y las iniciativas para garantizar la protección de la ecología en una economía sana, sostenible y solidaria. “Es la hora de poner fin a la miseria, a la extrema pobreza y las prácticas que lastiman la cohesión social, el bien común y la salud en nuestra casa común” denuncian. Luego se dirigen a los legisladores: “Antes que criminalizar, deben exigir y asegurar el acceso a recursos y oportunidades conforme a la dignidad de todos los ciudadanos. En este sentido, consideramos prudente que se evalúe la necesidad de derogar la reciente modificación hecha al Código Penal o que se la revise con mecanismos de control y diálogo”.
Por último la carta de los obispos reitera que “debemos crecer en una cultura política y social del diálogo entre hermanos y favorecer el encuentro que ayuda a buscar consensos y acuerdos que aseguran una sociedad justa, armoniosa y plena, donde no hay exclusiones ni diferencias injustas”. En estos días en que se celebra la fiesta de la Virgen de Caacupé, Patrona del Paraguay, los obispos exhortan a las autoridades a “sensibilizarse ante tantas necesidades que pasamos en las condiciones de pandemia, y a tomar las decisiones oportunas para atender a todos los paraguayos”.
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