Ciudad de México – La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictaminado sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos del Código Penal del Estado de Coahuila, sobre la criminalización de las mujeres que recurren al aborto en determinadas condiciones, de quienes las ayudaron y del personal médico que las asistió . Los Obispos de México, habiendo estudiado el contenido de esta resolución y los argumentos expuestos por varios ministros en las sesiones públicas, consideran que “los problemas a los que se enfrentan las mujeres y el estatuto jurídico del concebido no nacido son un tema complejo con aristas antropológicas, científicas, filosóficas y éticas que no es posible reducir a una resolución en un asunto judicial”. Por ello, consideran que “todos los actores sociales –fuera de un clima de polarización ideológica y sin apegos a posiciones políticas– nos involucremos en una nueva y profunda reflexión que nos permita encontrar un camino común de solución a un problema multidimensional y multifactorial como el que nos ocupa”.
En el comunicado enviado a la Agencia Fides, los obispos mexicanos ofrecen algunos puntos de reflexión para orientar la conciencia de los fieles y hombres de buena voluntad, bajo el título “A favor de la mujer y del derecho a la vida”. “Ninguna mujer debe verse orillada a tomar la dramática decisión de recurrir a la práctica del aborto – afirman los obispos -, situación que en un gran número de casos deja una profunda secuela de dolor. En este sentido, somos conscientes que la cárcel no es una solución a la problemática de la mujer que aborta”. La Iglesia, Madre de todos los seres humanos, incluyendo al ya concebido, pero aun no nacido, “debe proteger –por todos los medios lícitos– su dignidad fundamental como creación de y asegurar que su derecho a la vida no se condicione, se discrimine o quede sujeto a la voluntad o decisión de un tercero. Este camino, tampoco constituye una alternativa de solución”.
Los obispos lamentan profundamente que “frente a la aparente disyuntiva sobre no criminalizar a la mujer que aborta y preservar la vida del concebido no nacido, la Corte haya optado por descartar al segundo, sin buscar la salvaguarda de ambos”. Recordando que el derecho humano a la vida se encuentra reconocido y garantizado en la Constitución mexicana y en los más importantes Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, afirman, “la resolución de la Corte realiza un peligroso y desproporcionado contraste entre el contenido y límites de lo que denomina ‘derecho de la mujer a decidir’ frente a ‘la protección constitucional del nasciturus’”, tema sobre el que detienen a reflexionar.
Por último, los obispos subrayan que vivimos en una época de grandes desafíos sociales, y citando al Papa Francisco, exhortan a “caminar juntos en favor del bien común, de la dignidad humana y de los derechos fundamentales de todas las personas, sea cual sea su condición”. La materia del debate sostenido en la Suprema Corte, concluyen, “merece un renovado compromiso de todos los actores políticos, de la comunidad académica, de las iglesias y de las organizaciones civiles para garantizar la protección de las mujeres en toda circunstancia, gestando o no, al tiempo que se respete el derecho humano a la vida tanto de la madre como del concebido aún no nacido”.
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