En la declaración, recibida por la Agencia Fides, la Conferencia Episcopal señala que “la ausencia de este servicio esencial menosprecia a los puertorriqueños, nos empobrece en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestra libertad y en el ejercicio libre de nuestro albedrío”, además, “impacta negativamente a todos en la seguridad, en la salud, en la educación, en la cultura, en el libre ejercicio de nuestras creencias religiosas, en la economía. Pocas responsabilidades públicas impactan tan directamente a los ciudadanos”.
Los obispos recuerdan la preocupación por la crisis económica y energética del país ya expresada el año pasado, antes de las elecciones, y ahora denuncian las causas de esta situación: “La falta de planificación, mantenimiento y desarrollo adecuado del sistema, la privatización en la que se sobrepone el interés privado al bien común y el bienestar general del pueblo, la administración de fondos de emergencia para proteger estos intereses ajenos, la dependencia de combustibles cada vez más caros y limitados, la carga económica que se impone a los consumidores”. Por lo tanto, reiteran que “el deber de suplir energía eléctrica a nuestro país es un deber público. No importa el modelo organizacional que se utilice, es el Gobierno de Puerto Rico el que tiene la obligación de ofrecer a todos los puertorriqueños el nivel de calidad mínima en el servicio eléctrico que nos permita una vida plena”.
En la declaración se insta a las autoridades a dejar de lado las disputas políticas, cuyo objetivo es más evitar la responsabilidad que encontrar soluciones para todos: “La calidad de vida que provee un sistema eléctrico que sirve bien al país es una manifestación del respeto a la dignidad de cada ser humano. No es tolerable que ya pasado más de una quinta parte del Siglo XXI se pretenda que en Puerto Rico se viva de la forma en que se vivía hace más de ochenta años en cuanto al acceso a servicio eléctrico”. Por lo tanto los obispos reiteran su rechazo a la idea de que “los puertorriqueños seamos peones en un tablero de discusiones y peleas pequeñas entre los responsables de la actividad pública” y hacia el “abandono de responsabilidades que termina creando un vacío de servicio del país”.
Atendiendo a la necesidad de garantizar el desarrollo económico del país, y pensando en las generaciones futuras, el documento presenta algunas propuestas para solucionar la crisis energética, recordando que la situación actual no es nueva, y proviene de la acumulación de responsabilidades anteriores de diferentes sectores y administraciones. “Nuestro gobierno no puede eludir su responsabilidad, su deber y sus obligaciones”, reiteran los obispos, añadiendo por último que “no se puede pretender que la población se resigne y acepte un servicio ineficiente y los costos que se le suman”.
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