AMÉRICA - La migración debe ser un derecho, no la consecuencia forzada de la pobreza y la violencia

Valle de Ángeles – Del 25 al 28 de octubre se ha celebrado en Valle de Ángeles el VII Encuentro de Obispos en el que han participado los secretarios ejecutivos de pastoral de movilidad, los laicos que trabajan en las fronteras del sur de México y Centroamérica, un delegado de la Sección Migrantes y Refugiados del Vaticano y un grupo de obispos estadounidenses. Según la nota final publicada por ADN-Celam, todos han coincidido en su preocupación por que la migración sea un derecho y no la consecuencia de la presión que ejercen diversos factores como la pobreza, la violencia y que terminan convirtiéndola en una obligación. “Demandamos la aplicación de políticas migratorias que respeten la dignidad de las personas, el derecho a la protección internacional y la no separación de las familias por parte de los gobiernos de Centroamérica, México y Estados Unidos” ha sido la solicitud expresa de los asistentes.
Se ha puesto de manifiesto que Centroamérica, México y Estados Unidos son territorios de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, y mostrándose contrarios a los mecanismos de devolución exprés de la política implementada por la administración del presidente Joe Biden , han exhortado a los gobiernos de Centroamérica y México a dar una respuesta humanitaria, rápida y digna a la emergencia provocada por estas medidas que solo apuntan a la contención y criminalización de la población migrante.
“Como Iglesia - se lee en el documento final -, nos comprometemos a fortalecer nuestras articulaciones regionales para acompañar y asistir a las personas migrantes en coherencia con el llamado del Papa Francisco para construir ‘un nosotros cada vez más grande’”. mismo tiempo, se reafirma el compromiso de instar a los gobiernos de la región, en particular a los de México y Estados Unidos, a abordar las causas estructurales de la migración. En efecto, la violencia estructural obliga a los ciudadanos centroamericanos a huir cada día de sus países, agobiados por las condiciones económicas y de inseguridad. . Además la corrupción generalizada y la impunidad debilitan las posibilidades de construir proyectos de vida estables en sus países de origen. Las políticas económicas aplicadas por los gobiernos de los países centroamericanos y de Estados Unidos han debilitado con el tiempo a los estados, obligando a la población a emigrar en busca de mejores condiciones de vida.
Los participantes en la reunión han destacado que el fenómeno migratorio constituye una crisis compleja y regional que requiere una respuesta inmediata y un trabajo articulado por parte de los Estados y la sociedad civil. Las pandemias, el cierre de fronteras y el efecto de los fenómenos naturales violentos han acentuado la presencia de poblaciones vulnerables, como menores no acompañados, mujeres embarazadas y familias monoparentales, en las rutas migratorias. En la actualidad, los gobiernos carecen de una respuesta eficaz y global para abordar las causas estructurales de la migración.