"Fueron capturados mientras trabajaban en la denuncia y promoción de los derechos humanos como activistas en temas de especial sensibilidad", se lee en el comunicado recibido por la Agencia Fides, que continúa: "La detención se produjo justo en la sede del Ministerio Público, cuando Javier Tarazona estaba denunciando actos de acoso e intimidación por parte del mismo cuerpo de seguridad del Estado que realizó estas detenciones."
El obispo expresa su preocupación por la detención de los tres activistas, que se llevó a cabo sin orden judicial y tuvo lugar mientras estaban en la institución que garantiza el respeto de sus derechos humanos. Además, fueron detenidos por funcionarios de los mismos Cuerpos de Seguridad del Estado que denunciaban. Según los informes recibidos por los familiares, los activistas estarían "en condiciones inadecuadas de detención", contagiados con Covid-19 y trasladados a un centro de salud que los familiares no conocen con exactitud, y se les niega información sobre su estado de salud.
Por estas razones, la Comisión "exige que se respete la labor de los defensores de los derechos humanos en el territorio nacional; exige información fiable y adecuada sobre las condiciones de salud y la situación jurídica de los defensores de los derechos humanos privados de libertad; insta a que se estudie la posibilidad de adoptar una medida humanitaria por motivos de salud”.
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