ASIA/INDONESIA - Abolición de la pena de muerte: una campaña de la sociedad civil

Yakarta - La campaña por la abolición de la pena de muerte, lanzada por la sociedad civil y apoyada por las Iglesias y organizaciones cristianas, se está intensificando pro toda Indonesia. Varias organizaciones de la sociedad civil indonesia han pedido al gobierno que elimine la pena de muerte del ordenamiento jurídico del país, señalando que hay no existen pruebas de que “esta forma de asesinato legal sea capaz de disuadir a la gente de cometer delitos”. Además, según los grupos de derechos humanos, existe un alto riesgo de que se dicte una sentencia injusta que podría incluso privar de la vida a un inocente. Sin embargo, a pesar de la pandemia, el poder judicial indonesio sigue imponiendo la pena de muerte , evaluando las pruebas por "teleconferencia": Se trata de un sistema que pone en peligro el desarrollo del juicio de forma justa y equitativa, señalan las organizaciones. Según los datos recogidos por la organización de defensa de los derechos humanos “Imparsial”, 129 presos fueron condenados a muerte entre marzo de 2020 y septiembre de 2021. En la actualidad hay más de 350 presos en el corredor de la muerte en Indonesia, de los cuales los narcotraficantes condenados representan alrededor del 60%.
El número de condenas a muerte dictadas por los tribunales indonesios en 2020 aumentó un 46% en comparación con el año anterior, afirma Amnistía Internacional Indonesia. De hecho, en 2020 se dictaron 117 sentencias de muerte, frente a las 80 de 2019, señala en su último informe sobre la pena de muerte publicado el 21 de abril. Según la ONG, 101 de las 117 condenas a muerte se dictaron por casos de drogas, mientras que las otras 16 fueron por asesinato.
Este tema ha visto involucrarse a las Iglesias cristianas de Indonesia: el padre Aegidius Eko Aldianto, secretario ejecutivo de la Comisión de "Justicia y Paz" de la Conferencia Episcopal de Indonesia, ha declarado que "la Iglesia católica lamenta fuertemente el aumento del número de condenas".
La Iglesia católica indonesia "siempre ha estado atenta al respeto de la dignidad humana", confirma a la Agencia Fides el padre jesuita Ignatius Ismartono SJ, director de "Sahabat Insan", una organización jesuita indonesia que se ocupa de los trabajadores migrantes y de las víctimas de la trata de seres humanos. "Acabo de terminar de participar en un seminario web sobre este tema, en el que se ha recordado muy bien la enseñanza oficial de la Iglesia sobre la pena capital, que se basa en la absoluta sacralidad e inviolabilidad de la vida humana. Por tanto, para nosotros, en particular, la principal preocupación es el caso de los trabajadores inmigrantes condenados a muerte”.
La campaña abolicionista lleva meses en marcha. Ya el pasado mes de junio, una investigación sobre las orientaciones de la opinión pública realizada por la Universidad de Oxford informaba de que, aunque la mayoría del pueblo indonesio está a favor de la pena capital, el apoyo disminuye a medida que se conoce mejor lo que significa exactamente el "asesinato de Estado", sobre todo cuando se muestran circunstancias concretas como los juicios realizados sin las garantías necesarias.
La investigación de la Universidad de Oxford -realizada en 2019-20 en colaboración con "Universitas Indonesia" y el bufete de abogados "LBH Masyarakat", que presta servicios legales pro bono- muestra que el público indonesio en general desconoce la pena de muerte. De los más de 1.500 encuestados, el 69% estaba inicialmente a favor de mantener la pena de muerte, aunque sólo el 35% se sentía "fuertemente" a favor de ella; sólo el 2% se consideraba "muy bien informado" y sólo el 4% decía estar "muy preocupado" por la cuestión. Como ha explicado la profesora Carolyn Hoyle, de la Unidad de Investigación sobre la Pena de Muerte de la Universidad de Oxford, el papel de los líderes religiosos es crucial: casi el 40% de los partidarios de la pena de muerte aceptarían cambiar de opinión si sus líderes religiosos mostraran su apoyo a la abolición.
Las últimas ejecuciones en Indonesia se llevaron a cabo en julio de 2016, cuando se fusiló a cuatro narcotraficantes condenados, entre ellos ciudadanos extranjeros. El Código Penal indonesio prevé la pena de muerte para una serie de delitos como el asesinato, el terrorismo, el tráfico ilegal de armas y drogas, la corrupción, el robo con agravantes, la traición, el espionaje y una serie de delitos militares.