“En febrero, acogimos con bien las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente relativas a la supresión de barreras y a la restauración de procesos justos en el sistema de inmigración legal. Un juicio justo es vital para que el Estado de Derecho prospere de acuerdo con el bien común. No podemos tener un sistema migratorio “justo, ordenado y humano” sin una protección sólida para garantizar un proceso justo. Por lo tanto, instamos a la administración a revertir las expulsiones aceleradas, reexaminar el uso del título 42 por parte de las autoridades y promover verdaderamente un proceso justo de acuerdo a los compromisos pasados. También renovamos el llamamiento que hice en abril a mis hermanos obispos en la frontera entre Estados Unidos y México, haciéndome eco de las palabras del Papa Francisco. Trabajemos juntos como nación para acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes de acuerdo con la dignidad que Dios les ha dado.
Conscientes de las preocupaciones por la salud pública, alentemos políticas basadas en la ciencia y opogámonos a aquellas que tengan un efecto insoportable en las familias, en los niños y en otras poblaciones vulnerables. Finalmente, elogiamos los recientes esfuerzos de la Administración para ampliar el acceso a la vacunación de los migrantes, que es fundamental para limitar la propagación del COVID-19”.
La declaración concluye con una oración: “En este Año de San José, recemos para que el patrón de las familias interceda por las familias migrantes vulnerables, especialmente aquellas que viajan con niños y ancianos”.
Las expulsiones del Título 42 son expulsiones del gobierno de Estados Unidos de personas que han estado recientemente en un país donde había una enfermedad contagiosa. El alcance de la autoridad para las expulsiones relacionadas con el contagio está establecido por ley en 42 USC § 265. Durante la pandemia de COVID-19, la administración Trump usó esta disposición para bloquear en general la entrada de migrantes. La administración Biden decidió continuar con esta línea.
Desde el 30 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos inició un programa de repatriación de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos con la puesta en marcha de vuelos en una deportación sumaria. Se cree que el uso de este procedimiento socava la garantía de un proceso justo e impide el acceso a las protecciones garantizadas en virtud del Derecho nacional e internacional.
Según estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en junio de 2021, 62.309 salvadoreños llegaron hasta la frontera sur de Estados Unidos.
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