Jospeh Kung dice a la Agencia Fides: “El Movimiento de Desobediencia Civil se fortalece día a día e involucra al personal de todos los ministerios, aunque los militares piden volver a trabajar para poder realizar la administración regular del país. Muchos se han negado a regresar. A trabajar en sus ministerios, tanto a nivel del gobierno federal, como en oficinas a nivel regional, en todo el país”.
Habiendo entrado en el décimo día de desobediencia civil, Myanmar todavía está atravesado por manifestaciones callejeras que piden la liberación de Aung San Suu Kyi y el presidente Win Myint, arrestados a raíz del golpe de estado que vio a Tatmadaw retomar el poder que el mismo había dejado en manos del primer gobierno civil birmano en 2015.
A pesar de los temores que se han extendido durante el fin de semana, la jornada fue testigo de un enfrentamiento continuo entre la policía y los manifestantes, pero sin llegar a la dura “represión” que se temía cuando, durante el fin de semana, comenzaron a circular vehículos blindados del ejército y grupos de personas ambiguas en los barrios de las ciudades más importantes. Se temía que se repitieran las provocaciones de grupos de delincuentes, que en 1988 dieron al Tatmadaw el pretexto para reprimir las protestas estudiantiles contra la dictadura militar.
Por ello, grupos de ciudadanos autoorganizados han puesto en marcha patrullas de vigilancia que han aislado a estos personajes, muchos de los cuales podrían haber sido contratados entre los 23.000 presos liberados por la junta en los últimos días: para vaciar las cárceles . ahora detenidos) y tal vez para utilizar a algunos de ellos como provocadores.
El nuevo gobierno, que ha tomado la denominación de “Consejo Administrativo del Estado”, ha suspendido mientras tanto la ley de protección de la privacidad, legitimando detenciones y allanamientos sin orden judicial mientras se prepara una nueva ley de ciberseguridad con la tarea de gestionar basándose en nuevas leyes, las redes sociales y la difusión de Internet. Son actividades de las que el país no puede prescindir pero que pueden gestionarse con firewalls y sistemas de control de la actividad telemática.
En el frente internacional, mientras tanto, la presión ha aumentado en vísperas de la audiencia judicial de Aung San Suu Kyi en Naypyidaw que, estaba programada para hoy, pero qe se ha pospuesto sin motivo a pasado mañana. No se sabe si el presidente también será interrogado. Los dos líderes están acusados de violar las leyes de importación y las restricciones anti Covid. Si bien Estados Unidos ya ha lanzado sanciones económicas y una docena de embajadas han publicado comunicados de condena de una posible nueva violencia, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió ayer al ejército y la policía de Myanmar que garanticen que el derecho de reunión pacífica sea “plenamente respetado” y que los manifestantes “no están sujetos a represalias”. Hace tres días, la Alta Comisaria Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada al-Nashif, señaló que la falta de acción sobre las violaciones cometidas por los militares birmanos los ha “alentado” contribuyendo a la crisis actual y que el uso indiscriminado de armas contra los manifestantes pacíficos -añadió- es “inaceptable” ya que “más violencia contra el pueblo de Myanmar sólo agravará la ilegalidad del golpe y la culpabilidad de sus líderes”.
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