Pará – En 2016, la Comisión para la Pastoral de la Tierra reportó el asesinato de 66 personas entre líderes y defensores de derechos humanos, el mayor número en los últimos 32 años. Por eso, el Comité Brasileño de Defensores de Derechos Humanos ha solicitado la intervención de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos mediante una carta de denuncia.En la carta, que denuncia la violencia sufrida por estas personas, el Comité exhorta a las organizaciones internacionales a que soliciten información al Estado brasileño sobre la protección de los defensores de los derechos humanos en el país. Sólo a partir de agosto de 2017, unos 59 de ellos fueron asesinados en Brasil. Esta solicitud fue anunciada el 13 de septiembre, durante la reunión “Fronteras de Lucha”, el Seminario Nacional sobre Protección de los defensores de derechos humanos promovido por el CBDDDH en Brasilia.
El coordinador nacional del CPT, el Padre Paulo César, uno de los coordinadores del seminario, ve con gran preocupación el escenario actual y atribuye el aumento de la violencia a la ausencia del Estado brasileño causada por la reducción del presupuesto y el desmantelamiento de las políticas públicas que podría suavizar los conflictos.“El Estado brasileño no tiene respuestas e incluso se ha convertido en un promotor de injusticias” se lee en la nota enviada a la Agencia Fides por la Conferencia Episcopal de Brasil.
El padre Paulo Cesar cita, por ejemplo, la reducción del presupuesto del Instituto Nacional de Colonización y de Reforma Agraria . Una consecuencia de esto es la falta de distribución de los títulos de propiedad de las tierras de los Quilombolas.
Este año, el 78% de los asesinatos ocurrieron en el Amazonas. El informe del CBDDDH destaca los casos considerados emblemáticos: las masacres de Pau D'Arco en Pará en mayo, cuando murieron diez trabajadores rurales; y la de Colniza, en Mato Grosso, donde murieron nueve campesinos y agricultores fueron asesinados durante el mes de abril ; o el ataque a los pueblos indígenas de étnia Gamela, siempre en el mes de abril, en Maranhão, que causó 22 heridos; el estado de Rondônia, aunque no ha registrado tales ataques este año, ha sido el que ha acumulado el mayor número de defensores asesinado entre 2015 y 2016.
En el documento enviado a la ONU, la Comisión solicita una visita oficial de los miembros de este órgano para probar la situación de los defensores de los derechos humanos en Brasil, particularmente en Pará, ante la expectativa de continuar investigando la masacre de Pau d'Arco y las tensiones que permanecen en el lugar.
El seminario “Fronteras de Lucha”, en su tercera edición, finalizó ayer viernes 15. Las docenas de participantes se centraron en el desarrollo de estrategias de acción conjunta para garantizar la protección de los defensores y garantizar los derechos humanos en el país.
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