ASIA/AFGANISTÁN - Líderes de la sociedad civil: la violencia se intensifica, urge una misión de la ONU para averiguar la verdad sobre los ataques

Kabul – “Pedimos una misión de la ONU para averiguar la verdad sobre los recientes ataques contra civiles”. Con las tropas extranjeras en vías de retirada, los talibanes a la ofensiva, un gobierno débil, el aumento de la violencia y “escenarios futuros muy preocupantes”, en una entrevista con la Agencia Fides Shaharzad Akbar, jefe de la “Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán” , pide un mayor compromiso de la comunidad internacional. “Las condenas ya no son suficientes, no tienen efectos concretos. Necesitamos una misión de la ONU que actúe como elemento disuasorio”, señala. Desde julio de 2018, Shaharzad Akbar dirige la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, un organismo estatal destinado a proteger los derechos humanos en el país. El dirigente da la voz de alarma: “No hay ninguna posibilidad real en el proceso de paz, la violencia aumenta, el conflicto se intensifica. Y también las violaciones de los derechos de los civiles”, explica a Fides.
Las responsabilidades son múltiples. Los talibanes están a la ofensiva, aprovechando militarmente la retirada de las tropas extranjeras acordada en el acuerdo de Doha de febrero de 2020 y confirmada el pasado 13 de abril por el presidente estadounidense Joe Biden. “Nos llegan testimonios creíbles de ataques a civiles, asesinatos de prisioneros de guerra, destrucción de infraestructuras”, afirma Akbar, que dice estar especialmente preocupada por el ataque a los civiles. En particular, la violencia está afectando a la comunidad hazara del barrio chiíta de Dasht-e-Barchi, en Kabul. El llamamiento a las Naciones Unidas pide una protección especial para esta minoría chiíta, perseguida en la época del Emirato Islámico de los talibanes, ahora objetivo de la rama local del Estado Islámico.
Shaharzad Akbar señala: “Todos los afganos son víctimas del conflicto. Pero los recientes ataques son claros en sus objetivos: autobuses civiles, bodas, santuarios, ceremonias religiosas, escuelas. Hay una clara intención de golpear a la comunidad chiíta hazara, precisamente por su identidad”, denuncia Akbar. Los mecanismos de protección y búsqueda de la verdad del gobierno son insuficientes: el gobierno “puede tener la voluntad política, pero ciertamente no tiene la capacidad de averiguar la verdad sobre los presuntos crímenes de guerra”.
El llamamiento a las Naciones Unidas se hizo público el 9 de mayo, al día siguiente de un triple atentado contra las alumnas de la escuela Sayed al-Shohada, en el distrito de Dasht-e-Barchi: 90 víctimas. Al día siguiente, una delegación del gobierno de Kabul, encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Hanif Atmar, se encontraba en La Haya para convencer a la Corte Penal Internacional de que aplazara -o, mejor aún, archivara- la apertura de una investigación sobre los crímenes de guerra y las violaciones de los derechos humanos en Afganistán. Un error, según Akbar, que también pide que se esclarezca la verdad sobre los posibles crímenes cometidos por las tropas extranjeras: “Existen denuncias creíbles de crímenes cometidos por las tropas estadounidenses, australianas, británicas y otras. Las víctimas no lo olvidan. Es necesario que se reconozca plenamente lo ocurrido”. Uno de los mayores fracasos de la comunidad internacional ha sido en materia de derechos y justicia”, resume Shaharzad Akbar. “La comunidad internacional ha empoderado y fortalecido a las personas acusadas de crímenes de guerra. Los ha tratado como aliados. Y esperaba que saliera algo bueno de ello”.