Ciudad del Guatemala - “La destitución fulminante del fiscal Sandoval, según connotados hombres y mujeres de derecho, ha sido ilegal y arbitraria. Recogemos el clamor ciudadano al percibir que este hecho significa un evidente retroceso en la lucha por un eficiente combate a la corrupción e impunidad, que tanto daño han hecho para el desarrollo integral del país. Quienes se han alegrado ante la destitución es porque se sienten seguros y cómodos cuando el régimen de impunidad se consolida”. Así lo ha manifestado la Conferencia Episcopal de Guatemala , en una nota firmada por el presidente de la CEG, Mons. Gonzalo de Villa y Vásquez, arzobispo de Ciudad de Guatemala, y por el secretario general, Mons. Antonio Calderón Cruz, obispo de Jutiapa, fechada el 25 de julio.
Según informaciones recogidas por la Agencia Fides, el fiscal general del estado, María Consuelo Porras, destituyó el 23 de julio al fiscal especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, quien había denunciado la falta de apoyo del gobierno y las trabas puestas en su camino. Sandoval, conocido y apreciado internacionalmente, ha abandonado el país al día siguiente, 24 de julio para no poner en peligro su seguridad.
En su comunicado, los obispos reiteran que “la justicia pronta e imparcial y la investigación del crimen son garantes de la libertad y la democracia” y no hay mayor peligro de que las mafias se infiltren en los órganos del Estado “De todos es sabido que el proceso de administración de justicia en Guatemala tiene graves falencias, como nosotros lo hemos señalado en numerosas ocasiones – escriben los obispos - . El Ministerio Público es, por ley, el órgano del Estado encargado de la investigación y persecución penal ante los delitos cometidos. En los últimos años logró investigar hechos que anteriormente gozaban de total impunidad, generando esperanza en la ciudadanía y aliviando a las víctimas. En ello la Fiscalía Especial contra la Impunidad ha desempeñado un papel fundamental”.
Los obispos denuncian que “La abrupta destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval le ha hecho un daño irreparable al país”: los importantes casos que llevaba se ralentizarán, la pérdida de credibilidad del Ministerio Público es enorme, crecerá la indignación ciudadana, aumentarán las protestas sociales y el nivel de conflictividad y se complicará más el ya deficiente manejo de la pandemia y el tortuoso proceso de vacunación.
“Como obispos – concluyen -, hacemos un llamado a todos los operadores de justicia, a quienes están revestidos de autoridad en las diversas instituciones del país para que se empeñen más en la búsqueda de justicia, en construcción de la paz como bien mayor; a ser valientes en reconocer sus errores y a no perder el horizonte del bien común como expresión máxima del sentido del Estado de Guatemala”.
Según el Ministerio de Salud de Guatemala, hasta el 26 de julio, el número de víctimas de Covid-19 en el país ascendía a 10.112, mientras que el número de casos positivos desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020 ha alcanzado los 352.584. En cuanto a la vacunación, la misma fuente señala que 1.423.602 personas han recibido la primera dosis y 303.303 la segunda. Según las organizaciones no gubernamentales, las cifras de muertes y de personas contagiadas son muy inferiores a la realidad. La población de Guatemala es de 17.698.000 habitantes.
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