AMERICA/COLOMBIA - "Ya no vivimos una emergencia, sino una situación de supervivencia social", denuncia Mons. Darío de Jesús Monsalve

Cali –"He invitado a diplomáticos y representantes de organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y otros, a ofrecer su sede como protección y refugio" a quienes denuncien a los responsables de los ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia: dijo Mons. Darío de Jesús Monsalve, Arzobispo de Cali. "Deben saber, continúa el Arzobispo en la nota enviada a Fides, que dentro del territorio nacional no hay garantías para proclamar la verdad. Si cree que una oficina diplomática fuera del país puede ser útil, espero que sea bienvenido, porque lo que se está experimentando en Colombia ya no es una emergencia, sino una situación de supervivencia social, para garantizar que la vida se mantenga en medio de tantas amenazas ".
Las declaraciones de Mons. Monsalve fueron hechas durante un acto civil y religioso de la comunidad de Cali para conmemorar al juez Alcibíades Libreros, quien fue asesinado a fines de diciembre, juez responsable de las principales investigaciones sobre el crimen organizado. Según el prelado, dado que no existen garantías en el país, los informes de los responsables de los ataques contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos podrían realizarse en consulados ubicados en otros países e incluso con el acompañamiento de algunas ONG. El número de líderes sociales asesinados en el recién iniciado 2020 es de al menos 17 .
Del mismo modo, el arzobispo de Cali dijo que los asesinos de fiscales, líderes sociales y excombatientes deben ser investigados como una prioridad, de lo contrario se puede asumir la complicidad en el caso de un sector del mismo estado.
La violencia en Colombia, especialmente contra líderes sociales y jueces, ha aumentado en los últimos meses, hasta el punto de que la Conferencia Episcopal ha pedido públicamente respeto por la vida de cada persona, "vida que es sagrada", y para poner fin a los asesinatos y acciones violentas "contra nuestros hermanos y hermanas" , especialmente en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño y Arauca.