ASIA/MYANMAR - La pandemia aumenta, pero la protesta popular no se detiene

Hakha - El padre Jerome Hlawn Khawl, sacerdote católico y párroco de la Iglesia Catedral de San José en la ciudad de Hakha, capital del estado de Chin, en el oeste de Myanmar, está proporcionando oxígeno a las familias que necesitan tratar a las personas infectadas por el Covid-19. Según la información de la Agencia Fides, el Consejo pastoral de la parroquia ha anunciado que cualquier persona que necesite oxígeno para los pacientes contagiados por el Covid puede hacer una petición y venir a recogerlo. “Esta donación caritativa -subraya la Iglesia local- ha sido anuncia públicamente y se concede sin ninguna discriminación de etnia, lengua o religión”. El p. David Khin Hmung, párroco de Tiphul, confirma a la Agencia Fides: “Extendemos nuestras manos a los necesitados en este momento de necesidad en la diócesis de Hakha, donde la pandemia se está extendiendo y sentimos sus graves efectos”, dice, recordando que en las últimas semanas han muerto más de 60 pastores protestantes, 3 sacerdotes y 2 religiosas a causa de la pandemia en la diócesis de Hakha.
Tras el golpe de Estado del 1 de febrero y la consiguiente protesta popular, debido a la temporada de lluvias y al aumento de la pandemia de Covid-19 que está poniendo en apuros al país, los combates se han reducido en varias zonas de la nación . La pandemia está golpeando fuertemente al ejército y los militares están cambiando su estrategia para proteger a los soldados, mientras que la atención pública y las energías de las familias y las instituciones sociales y religiosas también están absorbidas por la lucha contra la pandemia.
Sin embargo, las manifestaciones populares continúan y, según fuentes de la Agencia Fides, más del 60% de la población birmana, de todas las etnias, sigue de cerca las indicaciones, las declaraciones y el camino trazado por el “Gobierno de Unidad Nacional” , el gobierno en la sombra formado por varios diputados birmanos elegidos el 8 de noviembre pero privados del poder por el golpe militar y refugiados en el extranjero.
“Los ciudadanos continúan con el movimiento de desobediencia civil, no pagando impuestos y boicoteando los servicios públicos. Incluso los empresarios no se están presentando a los concursos públicos, la población civil continúa su resistencia contra la junta militar”, dice una fuente de Fides en Yangon.
El NUG y el pueblo de Birmania, a la vez que siguen pidiendo un mayor apoyo de la comunidad internacional, acogen con satisfacción las nuevas sanciones económicas contra el sector del petróleo y el gas, tal y como ha pedido Thomas Andrews, Relator Especial sobre los Derechos Humanos en Myanmar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dirigiéndose a la comunidad internacional, Andrews explicó: “Me refiero a la presión económica, al recorte de los ingresos que la junta militar necesita para seguir en el poder. Hablo de cortar el acceso a las armas y a la tecnología”. Andrews pidió la formación de una “coalición de emergencia para el pueblo birmano”, que es un grupo de Estados que también impediría concretamente la exportación de armas a la junta birmana.
En esta fase de violencia y sufrimiento para la población, las Naciones Unidas también ha pedido poder proporcionar ayuda humanitaria a los civiles de Myanmar, acordando la intervención con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático , de la que Myanmar es miembro, “sin que la ayuda sea instrumentalizada por los militares”.