En la declaración, recibida por la Agencia Fides, firmada por el Excmo. Sr. Presidente de la República. Mons. Philip Anyolo, arzobispo de Kisumu y presidente de la KCCB, los obispos católicos keniatas expresan su preocupación por la repatriación involuntaria de refugiados. “En el campamento de Daadab, los somalíes son mayoría; según el derecho internacional, los refugiados pueden regresar a su país una vez que se restablezca un gobierno democrático que respete los derechos humanos y el Estado de derecho”.
A causa de la pandemia de Covid-19, “estos hermanos y hermanas nuestros que viven en los campamentos se han vuelto más vulnerables”, afirma la Conferencia Episcopal de Kenia, que pide que se adopten medidas sanitarias para garantizar la protección de los más de 400.000 refugiados alojados en los campamentos de Dadaab y Kakuma.
Para resolver la cuestión, los obispos piden al gobierno que dialogue con las partes interesadas para encontrar una solución duradera para los refugiados, y que al mismo tiempo ofrezca apoyo a los que decidan regresar voluntariamente a su país de origen.
El campo de refugiados de Kakuma, en el noroeste de Kenia, se creó en 1992. Originalmente acogió a refugiados de Sudán, a los que se sumaron etíopes y somalíes. Dadaab, en el centro-este, ha sido durante mucho tiempo el mayor campo de refugiados del mundo, y en realidad está formado por un conjunto de campos. Los tres primeros campamentos se crearon a principios de la década de 1990. Luego se añadieron otros campos a partir de 2011, debido a la crisis alimentaria en el Cuerno de África.
Además de Somalia, Sudán y Etiopía, los dos campos acogen también a refugiados de Tanzania, Uganda, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo.
Citando la infiltración terrorista en estas estructuras en noviembre de 2016 el gobierno de Nairobi había anunciado su intención de cerrarlas, sin poner en práctica la decisión, ya entonces fuertemente contestada por los obispos .
Sin embargo, el 24 de marzo de este año, el Secretario del Gabinete de Interior, Fred Matiang'i, anunció la intención del gobierno de cerrar los campos de Dadaab y Kakuma, dando al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dos semanas para presentar un plan a tal efecto.
“ACNUR está preocupado por el impacto que esta decisión tendría en la protección de los refugiados en Kenia, sobre todo en el contexto de la actual pandemia de Covid-19. Seguiremos dialogando con las autoridades kenianas sobre esta cuestión” ha declarado ACNUR.
El 8 de abril, el Tribunal Superior de Kenia ha suspendido temporalmente la decisión del gobierno de cerrar las dos instalaciones.
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