La organización promovida por los jesuitas recuerda, entre las obligaciones impuestas por el derecho internacional, que el gobierno de Nairobi está llamado a respetar “el principio de no repatriación”, al que se añade la obligación moral de atender a los más vulnerables de la sociedad y perseguir el bien común, y los “límites prácticos de cerrar los campos de refugiados que albergan a más de 410.000 personas”.
Aunque aprecia los esfuerzos y el compromiso del Gobierno de Kenia para acoger y proteger generosamente a los refugiados y desplazados durante años, garantizando un espacio seguro para miles de familias que buscan asilo, el JRS subraya que la situación en Kenia de los desplazados de Somalia, Sudán del Sur, la región de los Grandes Lagos y, más recientemente, de la región de Tigray en Etiopía está empeorando, debido a los conflictos prolongados y emergentes y a la pandemia del Covid-19.
El JRS reafirma su compromiso de seguir apoyando al Gobierno de Kenia y a todas las partes interesadas, proporcionando servicios básicos y apoyo a los refugiados y a las comunidades de acogida en Nairobi y en el campamento de refugiados de Kakuma.
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