Washington – Cada año, en noviembre, los obispos de los Estados Unidos se reúnen para la Asamblea General de la Conferencia Episcopal en Baltimore. La reunión de este año se realizará de forma virtual, considerando la pandemia Covid-19, del 15 al 19 de noviembre. La Asamblea de Primavera ya había sido cancelada para salvaguardar la salud y seguridad de los Obispos y de todos los involucrados en el trabajo: era la primera cancelación de una Asamblea Plenaria en la historia de la Conferencia Plenaria. Dado que el estatuto estipula que la Asamblea Plenaria debe ser convocada al menos una vez al año, la reunión de noviembre, aunque en forma virtual, cumple con este requisito.
La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos votará para elegir a los presidentes de las ocho comisiones permanentes. En particular, desde junio, la Comisión de Libertad Religiosa ha tenido un presidente interino tras la muerte de su presidente electo, el obispo George V. Murry, SJ de Youngstown. Las ocho comisiones permanentes de la USCCB se ocupan de las siguientes áreas: libertad religiosa, prioridades y planes, educación católica, comunicaciones, diversidad cultural en la Iglesia, doctrina, colectas nacionales, actividades para la vida.
Uno de los problemas más importantes que tendrá que enfrentar la USCCB es el tema de la migración y los refugiados. Hace solo un mes el actual presidente de la USCCB, Su Exc. Mons. José H. Gómez, Arzobispo de Los Ángeles, expresó su decepción y oposición con respecto a la decisión del Congreso de reducir el número de refugiados admitido en los Estados Unidos. En los últimos días, algunas agencias de prensa internacionales han informado sobre el cierre de las fronteras con México y sobre la expulsión de familias y niños mexicanos y centroamericanos que habían llegado cruzando esta frontera.
Según una nota de la agencia EFE, se cree que alrededor de 200 niños migrantes de otros países han sido deportados a México en los últimos ocho meses. La cifra se dio a conocer una semana después de que se revelara que 545 niños habían sido separados de sus padres después de cruzar la frontera en 2017 y 2018, y aún no han podido reunirse con sus familias. Aunque la ubicación de esos 200 niños se complica por la falta de informes de las autoridades mexicanas, un correo electrónico del subjefe de la patrulla fronteriza estadounidense confirma que estas expulsiones se han producido y que violan la política estadounidense.
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