Desde hace cinco años, Burkina Faso ha tenido que hacer frente a la violencia yihadista que ha provocado más de 1.600 muertos y 1 millón de desplazados, pero a pesar del resultado no siempre positivo de su Presidencia, los ciudadanos han preferido reconfirmar al Jefe de Estado saliente, optando por la continuidad, a una oposición dividida entre doce opositores, entre los que se encuentran algunos miembros importantes del antiguo régimen del ex presidente Blaise Compaoré, derrocado por un levantamiento popular en 2014.
Debido a la amenaza de los grupos yihadistas afiliados a Al-Qaeda y la organización Estado Islámico , la Comisión Electoral Nacional Independiente ha clasificado casi una quinta parte del territorio en la zona roja, excluyéndolo automáticamente de los comicios, basándose en la enmienda a la ley electoral aprobada el 25 de agosto que establece que en caso de “fuerza mayor o circunstancias excepcionales”, solo se tendrán en cuenta los resultados de las mesas electorales abiertas.
Más de 2.000 colegios electorales , principalmente en el norte y este del país, no pudieron abrir el domingo 22 de noviembre debido a la inseguridad, para un total de alrededor de medio millón de votantes que no pudieron ejercitar su derecho al voto.
La Iglesia Católica, a través de la Comisión Episcopal Justicia y Paz, proporcionó 400 observadores electorales. Sus informes no señalan problemas particulares que puedan afectar la veracidad del voto, como señalan otros organismos nacionales e internacionales.
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