El Observatorio de Violencia de Género ha dado a conocer que la niña fue identificada como Francisca Araújo Cáceres, de 12 años, perteneciente a la etnia Mbya Guaraní y oriunda de Curuguaty, Departamento de Canindeyú. En los primeros dos meses de 2020, según el Observatorio, otras tres niñas o chicas indígenas fueron asesinadas, una de ellas con signos de violencia sexual.
En el mensaje de la CONAPI recibido por Fides, que lleva la fecha del 26 de febrero, se afirma que en Paraguay existen leyes para la protección de menores, como también lo prevé la Constitución de la nación, y recuerda que, de acuerdo con la ley 234/93 sobre pueblos indígenas y tribales, el estado “ha asumido la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas y garantizar el respeto de su integridad”.
“Desde la perspectiva de una cultura de los derechos humanos y el respeto por las diferencias, ser indígena no debe ser motivo de actos de discriminación y ensañamiento” afirma la CONAPI, lanzando un llamamiento a la sociedad en general para que colabore en “la protección de los derechos del niño y del adolescente, con base en los principios de no discriminación y el derecho a la vida”. El comunicado de prensa termina instando a las autoridades competentes a multiplicar sus esfuerzos “en la promoción de políticas públicas más amplias, de conocimiento y respeto a la diversidad cultural, para atender las necesidades de los pueblos indígenas”.
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