Kinshasa - “Es irónico cómo la abundancia de recursos naturales se haya convertido en cierto modo, en una desgracia”, ha afirmado Ibrahim Thiaw, Director Ejecutivo Adjunto del PNUMA al presentar el informe sobre el saqueo de los recursos naturales en el este de la República Democrática del Congo.Según el informe “algunos grupos criminales internacionales militarizados están involucrados en un gran tráfico de minerales, oro, madera, carbón vegetal y de marfil”, con un giro de dinero de 1.3 billones de dólares al año.
El PNUMA afirma que estos fondos financian - según diversas estimaciones - entre 25 y 49 grupos armados, congoleños y extranjeros, “alimentando conflictos continuos” en una región donde, desde hace veinte años, las sucesivas rebeliones siembran el terror y el caos entre la población local. El comercio de oro es uno de los ingresos ilegales más grande, que asciende a 120 millones de dólares al año.
El control de las zonas más ricas de minerales es uno de los elementos que alimentan la inestabilidad crónica causada por las milicias activas en el este de la República Democrática del Congo, especialmente en la Provincia Oriental, en Kivu del Norte y del Sur y en Katanga que son provincias que están en gran medida fuera del control del Estado.
“Estos fondos captados por las bandas criminales podrían haber sido utilizados para construir escuelas, carreteras, hospitales y pagar a los maestros y los médicos”, dice Martin Kobler, el jefe de la Misión de la ONU en la RDC . Según el PNUMA, sólo el 2% de las ganancias netas del tráfico van a los grupos armados, sin embargo, es suficiente para garantizar “el mantenimiento de aproximadamente 8.000 combatientes” y “para permitir a grupos vencidos o desarmados el resurgir y desestabilizar la región”.
El resto del dinero va a los bolsillos de las “redes criminales transnacionales que operan dentro y fuera de la República Democrática del Congo”, especialmente en los países vecinos , permitiéndoles mantener la estrategia de “divide y vencerás” y hacer que ningún grupo armado pueda dominar sobre los demás y controlar el tráfico.
A su vez, en un informe titulado “¿Una mina de transparencia?”, Amnistía Internacional y Global Witness, revelan que casi el 80% de las sociedades cotizadas en los EE.UU. no verifican adecuadamente si sus productos contienen minerales de zonas Centro-africanas en conflicto y no proporcionan información suficiente al respecto, en violación de la Sección 1502 de la Ley Dodd-Frank , que tiene como objetivo reducir el riesgo de que las compras de minerales en África Central contribuya a alimentar conflictos o violaciones de los derechos humanos.
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