Seúl - Los obispos de Corea del Sur expresan su "profundo pesar" por la decisión del Tribunal Constitucional, que declaró ilegítima la prohibición del aborto contenida en una ley de 1953 y aún vigente. En una sentencia histórica emitida ayer, 11 de abril, la Corte dictaminó que la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo vigente en el país es inconstitucional. Según la ley, las mujeres pueden ser multadas y encarceladas por haber tenido un aborto, excepto en casos de violación, incesto o riesgos para la salud. El Tribunal ha dictaminado que la ley debe ser reescrita antes de finales de 2020."La sentencia de la Corte Constitucional niega el derecho fundamental a la vida del feto, una criatura que no tiene la capacidad de defenderse", dice una declaración de los obispos coreanos recibida por la Agencia Fides, firmada por mons. Igino Kim Hee-jung, presidente de la Conferencia Episcopal. "También asigna la responsabilidad de un embarazo no deseado solo a las mujeres, eximiendo injustamente a los hombres", señala el texto.
"El aborto es un pecado, es matar por cualquier razón una vida inocente en el vientre materno: esta es la enseñanza de la Iglesia católica que nunca puede justificar tal práctica", se lee en el comunicado. Los obispos señalan que "la Iglesia católica de la República de Corea seguirá ofreciendo apoyo y asistencia a las mujeres y hombres que, en la angustia o en el sufrimiento, se vean obligados a superar la tentación del aborto, diciendo sí al nacimiento de una vida". Además, se afirma que "las puertas de la Iglesia permanecen abiertas a las mujeres que sufren heridas emocionales, espirituales y físicas, y que necesitan reconciliación y sanación a causa del aborto".
Los obispos confirman que la Iglesia hará todo lo posible para "sostener y promover la vida" y recuerdan que "proteger la vida desde el momento de la concepción es responsabilidad de todos los miembros de nuestra sociedad". Por último, la Iglesia católica en Corea "insta encarecidamente a los poderes legislativo y ejecutivo del Estado a que promulguen leyes e instituciones que alienten a las mujeres y a los hombres, en circunstancias difíciles, a elegir entre la vida y la muerte", a fin de apoyarlos y evitar la opción del aborto.
En Seúl, tras la sentencia, se registraron dos manifestaciones diferentes: una por parte de ciudadanos que están en contra de la prohibición del aborto y que aprecian la sentencia de la Corte; y la otra por parte de quienes están a favor de mantener la prohibición, divergencia que ya ha venido provocando un acalorado debate público en los últimos años.
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