AMERICA/COLOMBIA - Una vez firmado el acuerdo de paz, el verdadero desafío del gobierno será saber gestionarlo

Bogotá – Todos tienen esperanza de que se concreten los diálogos de paz en un acuerdo definitivo, pero es necesario ir más allá de una firma en La Habana y que el Gobierno esté presente en las regiones más remotas de Colombia. Lo han dicho los obispos de las diócesis de Quibdo, Tumaco, Tibu y Santa Marta, junto a los Arzobispos de Cali y Medellin, que durante un encuentro con la prensa han presentado los desafíos que existen en la región, subrayando que sus jurisdicciones eclesiásticas han sido las más afectadas por el conflicto en estos últimos meses.
La nota recibida en la Agencia Fides por una fuente local, señala que Su Exc. Mons. Omar Alberto Sánchez Cubillos, O.P., obispo de Tibu, en el centro de la zona del Catatumbo, ha dicho que confía en que se firme el acuerdo de paz, pero considera que el verdadero desafío del gobierno será el de saber gestionar esa paz. Ha explicado que su territorio está controlado no solo por las Farc sino que también hay presencia del Eln, el Epl y de las. “La situación es desoladora” ha comentado.
Mons. Gustavo Girón Higuita, O.C.D., obispo de Tumaco, ha contado como la ciudad ha vivido todo el mes pasado sin luz y sin agua. A pesar de ser una zona al centro del conflicto, cree en el diálogo, ya que “con las armas no se puede alcanzar la paz”.
El obispo de Quibdo, Su Exc. Mons. Juan Carlos Barreto, cuenta cómo un año después de que denunciara una crisis humanitaria en su departamento, hoy en día continúa. Hasta ahora el Gobierno Nacional ha hecho sólo una intervención. Y ha añadido que el reto del próximo alcalde de Quibdó es buscar la transparencia en la ejecución de los recursos.
Según la nota, estos obispos han presentado las preocupaciones principales de las personas de su zona al final de la Asamblea Plenaria, que se ha llevado a cabo la semana pasada en Bogotá . Entre estas, en la diócesis de Santa Marta, el problema más grave es la falta de agua potable; en Cali el sistema de concursos para las obras públicas parece estar dirigido por el narcotráfico; en Medellin prevalece el poder de las bandas de la criminalidad organizada.