Así lo han pedido los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Antofagasta en su declaración publicado la tarde del sábado 5 de junio de 2021, expresando “rechazo y preocupación por los diferentes eventos de detención, deportación y hostigamiento que ha sufrido la población migrante del Norte Grande por parte de la Administración del Estado”.
El texto, recibido en la Agencia Fides, está firmado por los obispos Ignacio Ducasse Medina, Arzobispo de Antofagasta; Moisés Atisha Contreras, Obispo de San Marcos de Arica; Guillermo Vera Soto, Obispo de Iquique y Óscar Blanco Martínez, Obispo de San Juan Bautista de Calama. Los prelados recuerdan que desde febrero del presente año “hemos observado con mucho pesar las situaciones de detención y deportación que han sufrido personas migrantes, principalmente de nacionalidad venezolana”. Con especial aprensión han escuchado también el anuncio del Gobierno sobre que se llevarán a cabo 15 vuelos de deportación durante el 2021, el primero de los cuales se realizó el día 25 de abril en la ciudad de Iquique. “Lamentablemente, tal operativo se ha replicado este viernes y sábado, siendo la deportación mañana domingo 6 de junio, pretendiendo trasladar a los detenidos desde Santiago y otras localidades a Iquique, para finalmente ser conducidos a Venezuela”.
Los obispos denuncian: “Hemos tomado conocimiento que los actuales procesos de detención y deportación han adolecido de importantes vicios de legalidad”, recordando que la Corte Suprema ha remarcado “reiteradamente la ilegalidad de los actos administrativos que expulsan a las personas migrantes y la forma en que su materialización se ha llevado a cabo”.
En su declaración los obispos subrayan además que estas deportaciones se están realizando dentro del plazo que la nueva Ley de Migración y Extranjería, para que las personas migrantes que hayan cometido ingreso clandestino salgan voluntariamente del país. “Deportar a las personas en este escenario es convertir el contenido del artículo 8° transitorio en letra muerta. Más aun cuando las fronteras terrestres del país se encuentran cerradas y las condiciones para salir de Chile a otros destinos siguen siendo sumamente difíciles y costosas a causa de la pandemia”.
Por último, expresan una gran preocupación porque la mayoría de las personas afectadas por estas políticas migratorias son nacionales venezolanos, “quienes en su mayoría han salido de su país de origen en condiciones prácticamente forzosos, convirtiéndose en personas que requieren especial protección por parte de los organismos internacionales y ciertamente nuestro país”, por ello piden que se busquen caminos viables y humanitarios que permitan que Chile y el resto de los países de la región “asuman la realidad que vive nuestro subcontinente”.
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