De hecho, la tensión sigue aumentando en la medida que se acercan las elecciones presidenciales del 11 de abril. Una señal que ha notado la Conferencia Episcopal, la cual está preocupada “por las crecientes diferencias entre los actores políticos en la lista electoral, el calendario electoral y los patrocinios”.
Según la ley electoral enmendada en noviembre de 2019, para ser candidato a la presidencia de Benín se debe contar con el patrocinio del 10% de alcaldes y/o diputados. Pero la composición actual del Parlamento, integrado exclusivamente por diputados del movimiento presidencial, cuestiona la pluralidad de candidatos potenciales para la votación de este año. Una medida que ha enfurecido a la oposición, especialmente porque el presidente en funciones Patrice Talon ha renegado de la promesa que hizo en abril de 2016 al prestar juramento de que quería cumplir solo un mandato.
Los candidatos tienen hasta el 4 de febrero para recolectar los patrocinios necesarios y presentar su solicitud después de que el Tribunal Constitucional de Benín se haya declarado imposibilitada a dar seguimiento al recurso de abolición del sistema de patrocinio para los candidatos a la presidencia.
Una solicitud compartida por el Observatoire Chrétien Catholique de la Gouvernance , una estructura afiliada a la capellanía nacional de los altos cargos católicos de Benín, que el 4 de diciembre solicitó la abolición del sistema de patrocinio.
“La OCCG insta al Parlamento y a la Corte Constitucional a tomar las medidas necesarias para la abolición del patrocinio porque en el contexto actual plantea problemas que dificultan la aplicación y organización de una elección presidencial transparente, creíble y pacífica”, afirma la organización del laicado católico.
En diciembre de 2020, la oposición protestó contra la composición de los órganos encargados de organizar la votación, argumentando que no estaba adecuadamente representada. En 2019 los partidos de la oposición boicotearon las elecciones legislativas.
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