El padre franciscano Baltasar Obico, Ofm, superior del Santuario de San Antonio en Makati, una de las ciudades que conforman la gran "MetroManila", dice a la Agencia Fides: "El enfoque violento de la campaña antidrogas, promovido por las instituciones, está erosionando el sistema democrático. Luego, el gobierno trata de imponerse obligando al silencio a los disidentes y a cualquier crítico. Me parece que la actitud despectiva del presidente Duterte también está provocando un colapso de los valores morales en la sociedad, ya que es un catalizador de un ‘mal ejemplo’ en una figura, la del presidente, que sigue siendo una referencia para todos. Me pregunto: ¿cómo se puede tolerar con ligereza tal violencia e injusticia? Si los líderes políticos usan un léxico violento y agresivo, con un populismo que solo busca el consenso, dando rienda suelta a actitudes hostiles y despectivas, ¿qué se puede esperar de los jóvenes y de la sociedad? En este contexto, quienes pagan las consecuencias son los abogados, defensores de los derechos humanos, activistas, miembros de ONG e incluso sacerdotes y religiosos que están del lado de los pobres y los oprimidos”.
Entre los religiosos filipinos en "primera línea" se encuentra el padre Angel Cortez Ofm, quien en dos ocasiones en los últimos meses fue a Ginebra, en representación de la ONG "Franciscans International", para informar y apelar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En este sentido el religioso explica a Fides: “Hoy vemos ante nuestros ojos, en Filipinas, muchas ejecuciones extrajudiciales, asesinatos impunes, violencia sin precedentes en la calle, sin ningún reparo. Es una verdadera tragedia. Acompañamos a muchas familias que sufren y que han perdido a sus seres queridos, asesinados por bandas de hombres enmascarados. No hay justicia ni paz, el estado de derecho es pisoteado impunemente y la policía, según muchas ONG, cubre o no investiga estos asesinatos, que siguen siendo obra de personas desconocidas y por los cuales nadie pagará. Esta 'guerra contra las drogas' lleva en marcha demasiado tiempo y ya ha causado demasiadas víctimas y demasiado sufrimiento. No podemos continuar en este camino de muerte y duelo. Es urgente que las conciencias se despierten y que la política cambie de rumbo. Es urgente la conversión de los corazones, las mentes y las acciones".
La "falta de justicia para miles de víctimas" de la violenta campaña antidrogas ha sido confirmada por un nuevo informe de la ONG "Amnistía Internacional", publicado el pasado 30 de enero. “Las familias de las víctimas - señala Amnistía -, no han obtenido justicia para sus seres queridos, debido a los enormes obstáculos existentes para presentar denuncias contra los perpetradores, incluido el temor a represalias. Tampoco se ha identificado ninguna responsabilidad significativa por los asesinatos a nivel nacional".
Según datos oficiales, en la "guerra contra las drogas" de Duterte, más de 6,000 personas han asesinadas en operaciones policiales, mientras que los grupos de derechos humanos estiman la existencia de otras 25,000 víctimas de asesinatos por "escuadrones de vigilantes", que actúan completamente impunes.
Una investigación reciente realizada por el sitio de noticias online filipino "Rappler" ha revelado que el gobierno hasta ahora ha seguido una actitud complaciente, dejando los casos de tales asesinatos sin resolver, debido a las deficiencias sistemáticas del sistema judicial y a la falta de compromiso o complicidad de las fuerzas de policía.
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