Bogotà – Miles de personas salieron a las calles en varias ciudades de Colombia el 18 y 19 de marzo para manifestarse a favor de la "Justicia Especial para la Paz" , pidiendo al presidente Iván Duque que respete los términos de la Acuerdo firmado en 2016 entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC . Duque pide que la ley aplicada por el JEP incluya penas de prisión severas y compensación para las víctimas de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, lo cual no estaba previsto en el acuerdo original, luego del cual unos 13,000 miembros de las FARC habían abandonado las armas y formado un partido político. Sin embargo, el presidente Duque no tiene una mayoría sólida en el Senado o la Cámara de Representantes, por lo que su intención de cambiar el acuerdo, uno de los temas principales de la campaña electoral, podría ser rechazada.Colombia aún está dividida entre aquellos que aprueban el ingreso de las FARC como grupo político, luego de la firma del acuerdo de paz, y los sectores más conservadores, que en cambio exigen la detención de ex combatientes, por participar en el violento enfrentamiento que dejó a 260,000 muertos en más de 50 años.
Mientras que en la capital el tema principal de discusión es este, en otros lugares de Colombia continúa la violencia de los grupos armados, hasta el punto de obligar al arzobispo César Alcides Balbín Tamayo, obispo de la Diócesis de Caldas en Antioquia, a ordenar el cambio inmediato de una sacerdote, padre Raúl Mejía Valencia, de la parroquia de San Antonio de Padua, en el municipio de Armenia Mantequilla. En la declaración de la diócesis enviada a Fides, se informa que las amenazas locales fueron también verificaron como amenazas al sacerdote. El obispo Balbín Tamayo "condena las amenazas contra la vida, la integridad y la propiedad, no solo del sacerdote y párroco, sino de todos los habitantes de esa zona de Antioquia, que viven bajo este flagelo". La declaración termina con la solicitud a las autoridades para una presencia efectiva en esta área.
Según la nota enviada a la Agencia Fides, miles de personas, incluidos los ex combatientes de las FARC y miembros de las Fuerzas Armadas, han expresado su intención de someterse a la JEP, que contempla penas más leves que la justicia ordinaria. Entre estos también se encuentran civiles y ex funcionarios del gobierno acusados de apoyar a los escuadrones paramilitares de derecha. En 2016, según los términos del acuerdo de paz, unos 13,000 miembros del grupo rebelde, incluidos cerca de 7,000 ex combatientes de las FARC, abandonaron sus armas e iniciaron un partido político como parte de su reintegración en la sociedad.
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